La Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca le asignó una tarea pendiente al presidente Gustavo Petro. El magistrado Luis Manuel Lasso Lozano lo citó a una audiencia pública para el 13 de marzo, donde el mandatario deberá presentar argumentos concretos sobre su desconfianza en los resultados electorales. Esta convocatoria responde a una solicitud de la Procuraduría, que busca que una autoridad judicial ordene al jefe de Estado frenar sus afirmaciones públicas que cuestionen la transparencia electoral.

El tribunal analiza una acción popular contra las manifestaciones presidenciales sobre un posible fraude, particularmente referidas al software que digitaliza las actas de votación. Aunque no impartirá medidas cautelares antes de la jornada electoral del 8 de marzo, considera que después de las votaciones sería pertinente estudiar la solicitud de la Procuraduría. Petro podrá delegar en el ministro del Interior Armando Benedetti para asistir a la diligencia, pero en cualquier caso debe pronunciarse sobre sus sospechas de irregularidades. En la audiencia enfrentará al registrador nacional Hernán Penagos y al presidente del Consejo Electoral Cristian Quiroz.

Mientras tanto, las instituciones de control y la Registraduría han cerrado filas alrededor de las próximas elecciones. El registrador Penagos, el procurador Gregorio Eljach y el contralor Carlos Hernán Rodríguez han ratificado la fiabilidad del sistema de conteo de votos, en contraste directo con el escepticismo que impone el Gobierno. Penagos señaló recientemente que "estamos ante un país democrático, afortunadamente", mientras que Eljach denominó la sede principal de la Registraduría como "la Plaza de la Paz Electoral".

La disputa se centra en los formularios E-14, que registran los votos de cada mesa electoral. El registrador ha explicado que los jurados deben dejar espacios en blanco en estos documentos, una práctica que Petro considera riesgosa porque permitiría anotar números falsos. La Registraduría sostiene que tachones o guiones no previenen fraudes, sino que entorpecen la transmisión de datos. El procurador Eljach ha advertido que los jurados que no sigan las indicaciones de la autoridad electoral podrían enfrentar sanciones disciplinarias.

Para reforzar la confianza en los comicios, la Registraduría ha establecido que habrá un formulario E-14 por cada partido o lista al Senado. El 25 de febrero, Penagos reveló el código fuente del sistema digitalizador ante partidos políticos y órganos de control. Además, desde el lunes anterior a las elecciones y hasta el domingo de votaciones, la programación del sistema no puede ser modificada. La Procuraduría custodiará el código fuente mientras una misión de cuarenta observadores de la Unión Europea monitorea el proceso.

El ministro Benedetti reconoció que el presidente ha impuesto un "manto de duda" sobre las elecciones, pero afirmó que los diálogos con las instituciones electorales brindan confianza. Sin embargo, advirtió que "falta ver el desarrollo de algunas cosas", como los detalles del software electoral. También mencionó que existe "poca asistencia" a las capacitaciones de los encargados del escrutinio y pidió que se explique mejor cómo se evitará repetir casos como el del partido Mira en 2014, cuando inicialmente no superó el umbral para el Senado pero una sentencia posterior le otorgó tres curules.