A pocos días de que los colombianos acudan a las urnas, el ministro del Interior Armando Benedetti salió a reconocer públicamente que las denuncias sobre bloqueos a militares en puestos de votación tienen algo de cierto. La admisión llegó después de que el expresidente Álvaro Uribe y el partido Centro Democrático alertaran sobre una posible operación coordinada para restringir el acceso de la Fuerza Pública en regiones consideradas críticas. Desde el Caquetá, Uribe había señalado que el departamento amazónico es "uno de los epicentros del fraude electoral" y acusó a Iván Cepeda de ser "el candidato de los terroristas".

Cuando se le preguntó directamente si estas organizaciones locales actuaban bajo órdenes de estructuras criminales, Benedetti no cerró la puerta a esa posibilidad, pero pidió no generalizar. El ministro señaló que "Eso es posible y siempre se ha dicho eso, pero no quiere decir que todas las guardias indígenas sean de los grupos o de las estructuras criminales. Seguramente algunos serán miembros o harán parte de eso, pero ese realmente no es el problema". Lo que importa, aclaró, es que el Gobierno y el Ministerio de Defensa garanticen que los militares logren llegar a las mesas de votación. Benedetti lamentó que esta tensión ya ha dejado víctimas: "Tres personas perdieron la vida para que otras personas puedan ejercer su derecho al voto, lo cual es bastante loable".

A pesar de la gravedad de la situación, el ministro intentó bajar el tono al calificarla como un desafío histórico de orden público que el país ya está sorteando. Aseguró que el Ejecutivo trabaja coordinadamente con la cartera de Defensa para remover estos bloqueos y que, hasta ahora, los incidentes se han manejado sin mayores contratiempos.

En paralelo a estos problemas de seguridad, las autoridades han puesto el acento en combatir otra amenaza electoral: la compra masiva de votos. Por instrucción directa del presidente Gustavo Petro, se han intensificado operativos en todo el territorio para incautar dinero destinado a cooptar sufragios. Según reportes de la Policía y el Ministerio de Defensa, las autoridades han detectado 14 intentos de distribución de dinero ilícito que suman 1.760 millones de pesos en total.

Sin embargo, los resultados judiciales son modestos. De las 20 personas capturadas por estos delitos, 15 ya han recuperado su libertad, cuatro están a la espera de que se defina si permanecen detenidas, y solo una ha sido enviada a la cárcel. El contraste entre la cantidad de dinero detectado y el número de condenas efectivas pone en evidencia los desafíos que enfrenta la justicia colombiana a la hora de procesar estos casos de corrupción electoral.