La guerra entre Israel y Hezbolá acaba de dejar un saldo particularmente grave para la comunidad internacional. Esta semana murieron tres cascos azules de la UNIFIL, la fuerza de paz de la ONU desplegada en el sur del Líbano, en dos incidentes separados que han puesto sobre la mesa la vulnerabilidad de las misiones humanitarias en zonas de conflicto activo. Los tres fallecidos eran miembros de la misión con nacionalidad indonesia. El primer ataque fue un impacto de proyectil contra una base en la aldea de Adchit al-Qusayr el domingo, mientras que el lunes una explosión en el borde de una carretera cerca de Bani Hayyan acabó con la vida de dos soldados más e hirió a otros dos compañeros.

La investigación apenas comienza, pero los primeros hallazgos ya apuntan detalles inquietantes. Según Jean-Pierre Lacroix, jefe de operaciones de mantenimiento de la paz de la ONU, una bomba colocada al borde de la carretera, "muy probablemente un IED (artefacto explosivo improvisado)", fue responsable del ataque en Bani Hayyan. Las circunstancias del primer ataque, con un proyectil de origen desconocido, aún se están esclareciendo. La magnitud de la violencia ha obligado a reducir drásticamente las actividades de los cascos azules. Kandice Ardiel, portavoz de la UNIFIL, explicó que "se están lanzando proyectiles de un lado a otro entre las Fuerzas de Defensa de Israel y actores no estatales, presumiblemente Hezbolá", mientras patrullajes que normalmente realizaban han dejado de existir.

En el Consejo de Seguridad de la ONU, Israel responsabilizó directamente a Hezbolá de los ataques. El embajador israelí Danny Danon acusó al grupo chiita de lanzar explosivos desde edificios civiles e infraestructuras cercanas a posiciones de la ONU, "poniendo a los cascos azules directamente en la línea de fuego". Sin embargo, no presentó pruebas de estas acusaciones. Desde Teherán, ni Hezbolá ni el Gobierno de Irán han emitido declaración alguna sobre lo ocurrido. La portavoz de la UNIFIL pidió directamente que "Israel comparta sus pruebas con el equipo de investigación".

El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, fue contundente en su condena. Calificó los asesinatos como "graves violaciones del derecho internacional humanitario" que "pueden equivaler a crímenes de guerra", exigiendo que "haya rendición de cuentas". Esta no es la primera vez que la UNIFIL sufre bajas mortales. En 2022 un casco azul irlandés murió tras un tiroteo contra su vehículo en el sur del Líbano, y un tribunal militar libanés condenó después a seis miembros de Hezbolá por ese crimen.

Indonesia, país de origen de los tres fallecidos, elevó la protesta a nivel diplomático. Su representante ante la ONU, Umar Hadi, criticó severamente lo que llamó "una violación grave contra la soberanía y la integridad territorial" de Líbano, refiriéndose a la creación de una zona de seguridad israelí de hasta 30 kilómetros dentro del territorio libanés. "No queremos excusas de Israel. Demandamos que el Consejo de Seguridad nos mantenga informados de las investigaciones y que los autores rindan cuentas ante la ley. La inmunidad no puede convertirse en la norma", exhortó Hadi. El representante también señaló que "la escalada actual no surge de la nada, surge de las operaciones reiteradas del ejército israelí en el territorio del Líbano".

La reacción global reflejó divisiones habituales. Mientras Estados Unidos abogó por cambios en las operaciones de mantenimiento de la paz, diez países europeos (Bélgica, Chipre, Croacia, Francia, Grecia, Italia, Malta, Países Bajos, Portugal y Reino Unido) exigieron en un comunicado conjunto que "todas las partes" garanticen la seguridad de los cascos azules. China, por su parte, calificó los ataques como "absolutamente inaceptables" y los calificó como "un ataque deliberado contra las fuerzas de paz". Turquía condenó la incursión israelí, pidiendo que cese el "expansionismo, la agresión y la ocupación de Israel".

Esta crisis golpea en un momento delicado para la UNIFIL. La misión, desplegada desde 1978, cuenta hoy con 7.505 efectivos de 47 naciones. Sin embargo, el Consejo de Seguridad decidió ya que cesaría sus operaciones a finales de 2026 y se retiraría en 2027. Mientras tanto, la región continúa siendo un polvorín donde las fuerzas internacionales quedan atrapadas entre fuerzas beligerantes que aparentemente poco respeto tienen por su estatus neutral.