La directora del ICBF, Astrid Cáceres, confirmó en una entrevista con EL TIEMPO que los tres menores involucrados en el caso de la falsa acusación de abuso sexual ocurrido en el norte de Bogotá se encuentran en buen estado de salud y no presentan signos de maltrato ni de violencia sexual. Los niños recibieron atención médica en el hospital Simón Bolívar y actualmente permanecen en un servicio de protección del instituto.

Respecto al futuro del proceso de adopción que adelantaba la familia estadounidense, Cáceres explicó que el trámite estaba en una de sus dos últimas etapas, específicamente en la fase de integración. Durante estos días, los menores viven de manera autónoma con la familia adoptante mientras la institución autorizada para adopciones realiza un monitoreo permanente. La familia ya había superado los procesos de evaluación de idoneidad y llevaba tiempo construyendo vínculos con los niños.

Según la directora, "la familia puede retomar el trámite si así lo desea" y el ICBF recibió manifestación de interés de continuar. Sin embargo, todo dependerá de dos factores: la voluntad de la familia de proseguir y lo que encuentren los defensores de familia, trabajadores sociales y psicólogos al evaluar cómo está el vínculo existente después de los eventos que generaron la falsa denuncia.

Cáceres detalló que lo sucedido en el apartamento fue un malentendido que escaló rápidamente. Una niña dañó un juguete de otro menor, quien se alteró emocionalmente, y el padre decidió sacarlo al exterior para ayudarle a respirar y tranquilizarse. En medio de esa situación surgieron confusiones, dificultades de idioma, intervención de vecinos y una serie de malentendidos que derivaron en la denuncia falsa. Las entrevistas realizadas por las autoridades, el CTI, el hospital, trabajadores sociales y el ICBF concluyeron que se trataba de una situación familiar, no de abuso.

La directora fue crítica con la forma en que el caso se viralizó en redes sociales. Afirmó que "debemos mantener los casos de niños alejados de las dinámicas de las redes sociales" porque son situaciones muy sensibles donde resulta fácil juzgar apresuradamente. Indicó que la exposición pública afectó a los menores, quienes debieron someterse a exámenes de Medicina Legal. Enfatizó que aunque es legítimo indignarse y exigir explicaciones, muchos casos terminan convirtiéndose en espectáculo mediático en lugar de buscar genuinamente la protección de los menores.

Cáceres destacó que la actuación rápida de las autoridades y la celeridad con que se esclarecieron los hechos generan confianza para que el proceso de adopción continúe en condiciones adecuadas. Espera que el proceso pueda retomarse rápidamente una vez que los equipos técnicos evalúen y fortalezcan el vínculo que se había creado entre los niños y la familia antes de los malentendidos que derivaron en la falsa acusación.