Los transportadores colombianos están con el alma en un hilo. Después de los atentados que sacudieron el suroccidente del país, el gremio de empresas de transporte terrestre intermunicipal levantó la voz para advertir sobre la gravísima situación de seguridad en la vía Panamericana, particularmente en el tramo que une a Cali con Ipiales. No es paranoia: muchos de estos empresarios ya suspendieron sus operaciones y están esperando ver señales reales antes de volver a mandar vehículos a esa ruta.

Camilo García, vicepresidente de la Asociación para el Desarrollo Integral del Transporte Terrestre Intermunicipal (ADITT), fue claro en su diagnóstico: "La situación del transporte intermunicipal en el suroccidente colombiano es muy compleja a raíz de los atentados de los últimos días, particularmente el generado en Jambaló. Muchas empresas transportadoras suspendieron sus servicios y aunque hoy el Estado anuncia la apertura de la vía, estamos esperando señales más claras del restablecimiento del control territorial para poder generar despachos organizados". Las palabras del directivo reflejan lo que piensan muchos empresarios: el optimismo oficial no es suficiente cuando hay vidas en juego.

El problema no es nuevo, pero se ha agravado de manera considerable en los últimos meses. La Panamericana siempre ha sido un corredor complicado, con presencia de grupos armados ilegales que controlan distintos tramos. Pero ahora la cosa se intensificó: hay retenes ilegales constantemente, robos a vehículos de carga, y hombres armados patrullando como si fueran dueños del camino. Tanto es así que después de las seis de la tarde, muchos vehículos particulares simplemente no se atreven a usar esta vía. Es comprensible el miedo.

Desde el gremio hacen un llamado que mezcla la urgencia con la realidad: necesitan que el Gobierno Nacional actúe en dos frentes simultáneamente. Por un lado, recuperar la confianza de los viajeros, que en este momento dudan incluso de subirse a un bus. Por otro lado, acompañar a quienes sufrieron directamente con los atentados terroristas. García lo expresó así: "Necesitamos una urgente ayuda del Gobierno nacional en dos sentidos, recuperar la confianza para que los viajeros vuelvan a tomar los viajes y darle acompañamiento a quienes sufrieron con este atentado terrorista".

Pero hay un escepticismo creciente en el sector. Los transportadores cuestionan los anuncios que hace el Gobierno sobre la reapertura y el control de la vía. Para ellos, mientras se habla de normalidad en los comunicados oficiales, la realidad en el terreno sigue siendo otra: incertidumbre, miedo, y un riesgo que nadie quiere asumir. Así que mientras no vean acciones concretas de recuperación del orden territorial, muchos vehículos seguirán estacionados, esperando tiempos mejores en una de las arterias viales más importantes del país.