La paciencia se agotó en Tierra Prometida. Los habitantes del sur de Valledupar salieron a la calle este lunes con troncos y llantas para bloquear la avenida principal y exigir una solución de fondo a los apagones que llevan días dejándolos a oscuras. Las manzanas 5 y 6 fueron el epicentro de una jornada de protestas que requirió la intervención de la Policía Metropolitana y la mediación del secretario de Gobierno municipal, Félix Valera Ibáñez. Los vecinos están cansados, y sus imágenes en redes sociales de un transformador averiado son la evidencia de un sistema eléctrico que simplemente no aguanta más.

Desde Afinia, la empresa responsable del servicio, llegó la explicación que muchos temían escuchar. Según el comunicado de la compañía, el problema no es solo técnico: es financiero. En el sector hay 116 viviendas que consumen cerca de 38 millones de pesos mensuales en energía, pero aquí viene lo preocupante: solo 10 de esos usuarios pagan a tiempo. El resto ha generado una deuda acumulada que supera los 1.300 millones de pesos, una cifra que paraliza cualquier inversión para reparar los equipos dañados y normalizar el servicio.

Afinia advierte que esta situación es peligrosa en más de un sentido. Las conexiones irregulares (conexiones no autorizadas) y la sobrecarga del sistema representan un riesgo real de incendios en las viviendas. No es solo un problema de comodidad o de vivir sin luz: es un asunto de seguridad que afecta a familias completas. La empresa insiste en que necesita que la comunidad reconozca tanto el consumo actual como esa deuda histórica para poder reponer definitivamente los equipos y normalizar todo.

Pero en Tierra Prometida, la conversación sigue estancada. Se han intentado espacios de diálogo para llegar a acuerdos de pago, pero hasta ahora sin resultados que resuelvan el problema de raíz. Los habitantes mantienen su exigencia de una solución inmediata, mientras la infraestructura sigue colapsada. Lo que sucede en este barrio del sur de Valledupar es un reflejo de una realidad que muchas zonas vulnerables del país conocen bien: un círculo vicioso donde la falta de pago, la infraestructura envejecida y la desesperación se retroalimentan mutuamente, y nadie parece tener la fórmula para romperlo sin ayuda de verdad.