La decisión de la Procuraduría General de la Nación de suspender por tres meses a Laín Eduardo López Martínez, agente especial interventor de Asmet Salud EPS, ha generado preocupación en el sistema de salud colombiano. El sindicato Sindisalud Asmet catalogó la medida como un hecho "de la mayor gravedad" que confirma las advertencias que venía haciendo desde hace meses sobre el funcionamiento de la entidad.

Según denunció la organización sindical a través de El Tiempo, la suspensión del interventor refleja problemas profundos en la prestación de servicios de la EPS. Los registros muestran un aumento en las peticiones, quejas, reclamos y solicitudes (PQRS), además de un incremento en acciones de tutela y conflictos de cumplimiento de órdenes judiciales. A esto se suma la preocupación por la sostenibilidad financiera de la entidad y sus dificultades administrativas internas. El hecho de que se hayan abierto investigaciones contra otros interventores desde 2023 evidencia que estos problemas en la gestión han sido recurrentes.

La crisis afecta directamente a usuarios y empleados. Más de 1,5 millones de afiliados a Asmet Salud podrían ver comprometido su derecho fundamental a la salud, mientras que alrededor de 1.900 trabajadores enfrentan incertidumbre sobre sus garantías laborales. Esta situación genera desconfianza tanto en los usuarios como en el personal de la EPS en medio de un momento catalogado como de "alta sensibilidad institucional".

Ante este panorama, Sindisalud Asmet presentó exigencias claras a las autoridades sanitarias. Pidió a la Superintendencia Nacional de Salud un pronunciamiento oficial sobre el estado actual de la intervención y la designación urgente de un nuevo interventor con idoneidad técnica, experiencia comprobada y garantías de transparencia. También solicitó la implementación inmediata de un plan de contingencia que restablezca la prestación oportuna de servicios, asegure el pago puntual de salarios y recupere la confianza en la entidad.

El sindicato fue enfático en señalar que la intervención no exime a la EPS de sus obligaciones con los trabajadores. Exigió garantías plenas de derechos laborales, incluyendo pago oportuno de salarios y prestaciones sociales, estabilidad laboral y condiciones dignas de trabajo. También pidió una rendición de cuentas detallada sobre la gestión de los interventores desde 2023 y la determinación de responsabilidades si se encuentran irregularidades.

Sindisalud Asmet hizo un llamado directo a los empleados de la EPS para mantener la calma y la unidad, actuando responsablemente frente a los usuarios y evitando la desinformación. La organización manifestó que permanecerá en "máxima alerta" ejerciendo vigilancia sobre el desarrollo de la intervención, comprometida tanto con los derechos de los trabajadores como con los usuarios del sistema de salud. "La salud y la dignidad laboral deben ser garantizadas con transparencia, responsabilidad y decisiones acertadas", concluyó en su comunicado.