La Superintendencia de la Economía Solidaria tomó cartas en el asunto esta semana cuando Jaime González, exgerente de Coosalud EPS, intentó regresar a sus funciones en la sede de Cartagena. La acción llegó después de que el Tribunal Administrativo de esa ciudad ordenara suspender la intervención administrativa sobre la EPS. González interpretó esa decisión como su vía libre para retomar el mando, pero Supersolidaria le cerró el paso argumentando que la orden judicial no le da esa autoridad.

Para entender lo que está ocurriendo es fundamental comprender una distinción que ha generado confusión: Coosalud EPS y la Cooperativa Coosalud son dos entidades jurídicas distintas, aunque vinculadas. La Cooperativa es la propietaria de la EPS. Cada una tiene su propio patrimonio, estructura administrativa y está bajo la vigilancia de autoridades diferentes. La EPS responde ante la Superintendencia Nacional de Salud, mientras que la Cooperativa está bajo supervisión de Supersolidaria.

La intervención sobre la EPS fue ordenada por la Superintendencia Nacional de Salud el 22 de noviembre de 2024 como parte de la política del Gobierno Nacional. El tribunal suspendió esta intervención, pero eso no afecta a la Cooperativa. Supersolidaria mantiene su propia intervención sobre la Cooperativa con plena vigencia e independencia de lo que decidió el tribunal. Por esa razón, la autoridad de Supersolidaria sobre las decisiones administrativas que emanen de la Cooperativa sigue intacta.

La superintendente María José Navarro se desplazó personalmente a Cartagena para dejar clara la posición de su entidad. Navarro reitió que la Cooperativa Coosalud continúa bajo intervención y que la orden judicial no autoriza la reposición automática de González en su cargo, que es de libre nombramiento y remoción. Además, señaló que debe verificarse si González está jurídicamente habilitado para ejercer funciones de administración, teniendo en cuenta que fue removido en el contexto de la medida de intervención.

Supersolidaria también presentó un macroinforme técnico que describe hallazgos preocupantes sobre la Cooperativa. El informe sugiere que entre 2019 y 2025 se habrían trasladado deudas de la EPS hacia la Cooperativa y otras estructuras relacionadas para ocultar problemas financieros. Se identificaron presuntas simulaciones de compras de cartera por más de 55 mil millones de pesos, contratos respaldados con pagarés en blanco por más de 37 mil millones, y la creación de un patrimonio autónomo con transacciones que alcanzarían 90 mil 600 millones de pesos. También se detectó un fondo de aportes de asociados que debía tener cerca de 15 mil millones de pesos pero presenta un saldo sustancialmente inferior, lo que sugiere que esos recursos fueron utilizados en estas operaciones.

Ante la gravedad de estos hallazgos, Supersolidaria trasladó los soportes técnicos a la Fiscalía General de la Nación para que adelante las investigaciones de su competencia. La entidad hizo un llamado a la opinión pública para no generar confusión en torno a un asunto que afecta a millones de afiliados a Coosalud EPS en el país.