La Superintendencia de Sociedades dio luz verde a las decisiones tomadas por un tribunal canadiense en el proceso de insolvencia de Canacol Energy Ltd, pero con un pero importante: el control sobre los activos que la empresa tiene en Colombia permanece firmemente en manos de las autoridades colombianas. La decisión, adoptada el 26 de febrero de 2026, reconoce órdenes emitidas por el Tribunal de Alberta en Calgary, pero establece límites claros sobre qué se puede y qué no se puede hacer con los bienes colombianos.

Lo que la Superintendencia autorizó fue la implementación del SISP, un procedimiento cuyo nombre en inglés significa "Proceso de Solicitud de Ventas e Inversiones". En términos simples: es una invitación abierta a terceros interesados para que presenten ofertas de compra o inversión en la empresa. Pero aquí viene lo crucial: esto no es una venta automática. Es apenas el primer paso en un proceso más largo donde primero se exploran opciones y se reciben propuestas.

La distinción que hizo la Superintendencia fue fundamental. El organismo aclaró que el reconocimiento de las decisiones canadienses no autoriza automáticamente vender los activos ubicados en Colombia ni ejecutar ninguna transacción sin permiso del juez colombiano. Cualquier operación que involucre bienes en el país deberá someterse nuevamente a revisión judicial, con especial atención a los derechos de los acreedores locales, es decir, las personas y empresas a las que Canacol les debe dinero en Colombia.

Durante la audiencia, algunos actores como Macquarie Bank expresaron preocupaciones sobre que este proceso pudiera afectar el orden en que se pagan los acreedores colombianos o violar reglas sobre sector económico estratégico. La Superintendencia respondió dejando en claro que el SISP no cambia en nada el orden de prelación de créditos establecido por la ley colombiana. Tampoco modifica quién tiene derechos sobre los bienes: eso seguirá siendo regulado por los juzgados colombianos.

El superintendente Billy Escobar enfatizó que "la decisión adoptada reafirma el compromiso de la Entidad con la coordinación efectiva de los procesos de insolvencia transfronteriza y la aplicación armónica de la Ley 1116 de 2006 con los estándares internacionales". En otras palabras, Colombia reconoce que Canacol está insolvente y coordina con Canadá, pero no abdica su responsabilidad sobre lo que ocurra aquí.

La Superintendencia también ordenó que se presente información financiera detallada: deudas pendientes, obligaciones laborales, impuestos adeudados, inventarios actualizados y estados financieros auditados. Todo con corte a finales de 2025. Esta información permitirá al juez colombiano tomar decisiones informadas cuando llegue el momento de aprobar o rechazar cualquier venta o transacción que afecte activos en el país.