La Superintendencia Nacional de Salud tomó cartas en el asunto frente a la delicada situación que atraviesa la Clínica Juan N. Corpas en Bogotá. A través de la Resolución No. 2026410010005133-6, la entidad de vigilancia ordenó medidas de ejecución inmediata dirigidas a corregir problemas graves en la prestación de servicios que, según el organismo, ponen en riesgo la vida de los pacientes.

Las fallas identificadas por la Supersalud incluyen deficiencias en la seguridad del paciente, manejo inadecuado de medicamentos y dispositivos médicos, además de un atraso importante en la realización de procedimientos quirúrgicos y consultas. La resolución obliga a la clínica a actualizar su registro de servicios para que coincida con la capacidad real que tiene, a implementar prácticas seguras con listas de verificación, y a establecer controles medibles y auditables sobre el almacenamiento de medicamentos y sus fechas de vencimiento.

La crisis de la Juan N. Corpas tiene raíces financieras profundas. El director de la clínica, Juan Carlos Vera, ha denunciado un déficit cercano a los 35 mil millones de pesos por deudas de EPS como Famisanar (8.976 millones), Compensar (7.764 millones), EPS Sanitas (5.458 millones) y Salud Total (3.903 millones), además de lo adeudado por la Adres (2.561 millones). Vera señaló que "Esto nos lleva a que no hemos podido cancelar los salarios de nuestros colaboradores que en nuestra institución laboran 573 personas, a los cuales, en algunos casos, les estamos adeudando hasta varios meses de salario".

Esta situación provocó la renuncia masiva de especialistas y personal médico, lo que obligó a la institución a reducir drásticamente su capacidad de cuidados intensivos. Donde antes operaba 16 camas UCI, hoy solo puede mantener 4. Como expresó Vera: "Ya no podemos ofertar las 16 camas UCI, sino únicamente estamos ofertando 4 camas y esto básicamente es por el déficit de recurso humano".

Sin embargo, Famisanar y la Adres han cuestionado las cifras expuestas por la clínica. Famisanar argumenta que tras revisar la cartera identificó cerca de 3.369 millones que ya habrían sido pagados pero no registrados en la contabilidad de la institución, lo que reduciría la deuda real a aproximadamente 900 millones. La Adres, por su parte, ha señalado que un porcentaje muy alto de las reclamaciones de la clínica han sido glosadas (devueltas) por inconsistencias documentales. En 2025, por ejemplo, el 75 por ciento de las reclamaciones fue glosado y otra parte fue anulada.

La Superintendencia ordenó a la clínica ejecutar en tres meses los 84 procedimientos quirúrgicos ambulatorios pendientes y atender 694 consultas especializadas en un plazo no mayor a seis meses. También exigió un plan de pagos para garantizar los salarios del personal y un cronograma detallado que demuestre cómo cumplirá con todas las instrucciones. La clínica tiene diez días hábiles para presentar un plan de trabajo completo.

Aunque la institución puede interponer un recurso de reposición, la Supersalud fue clara al indicar que las medidas son de ejecución inmediata y que el recurso no suspenderá sus efectos. Una vez la resolución quede en firme, el caso será trasladado a la Superintendencia Delegada para Investigaciones Administrativas, que podría iniciar actuaciones adicionales.