La Superintendencia Nacional de Salud tomó cartas en el asunto y le ordenó a Cafam, una de las principales distribuidoras de medicamentos en el país, tomar medidas inmediatas para resolver un problema que afecta a miles de colombianos: más de un millón de medicamentos sin entregar. Según los reportes de la autoridad sanitaria, esta cifra fue confirmada por el mismo Cafam durante inspecciones y auditorías que realizó la Supersalud en mayo de 2026.

El problema no es nuevo. Según han advertido distintos gestores farmacéuticos y distribuidores, las EPS colombianas tienen deudas millonarias acumuladas, incluso varias han sido intervenidas por el Gobierno. Sin dinero para pagar, las cadenas de distribución de medicamentos se quiebran. El resultado es que personas que necesitan sus tratamientos prescritos por médicos se quedan sin acceso a ellos, lo que representa un riesgo grave para su salud.

La Superintendencia identificó que los problemas en Cafam van más allá de la falta de dinero. Hay fallas administrativas, logísticas y de abastecimiento que contribuyen al desorden. Por eso exigió un plan obligatorio de normalización con metas claras de cumplimiento. Cafam deberá cerrar el 30 por ciento de los medicamentos pendientes durante el primer mes, alcanzar el 60 por ciento en el segundo mes y completar la entrega de todos dentro del plazo que señale la autoridad sanitaria.

Entre las prioridades está garantizar que los pacientes más vulnerables tengan acceso prioritario a sus medicinas. La Supersalud ordenó priorizar la entrega a personas con enfermedades crónicas que requieren tratamiento permanente, adultos mayores, menores de edad y pacientes con patologías de alto costo. Estos grupos son especialmente afectados cuando se interrumpen sus tratamientos.

La entidad también anunció que mantendrá un seguimiento estricto y permanente del cumplimiento de estas órdenes. Verificará los avances en la reducción de atrasos y controlará que Cafam implemente todas las medidas correctivas exigidas. Esta vigilancia es parte de una inspección más amplia que adelanta la Supersalud sobre distintos actores del sistema sanitario, especialmente sobre quiénes entregan medicamentos y garantizan el acceso de los usuarios a los tratamientos prescritos.