La llegada de Daniel Quintero Calle a la dirección de la Superintendencia Nacional de Salud vino acompañada de cambios sustanciales en las reglas para contratar asesores cercanos a su despacho. En menos de dos meses desde su nombramiento, la entidad modificó dos veces su Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales, eliminando requisitos de formación específica en salud y permitiendo que personas de cualquier profesión accedieran a estos cargos estratégicos.

Las modificaciones quedaron consignadas en resoluciones expedidas durante mayo y junio de 2026. Según denuncias del representante a la Cámara Andrés Forero, los cambios beneficiaron directamente a personas allegadas al exalcalde de Medellín, varios de ellos sin experiencia documentada en el sector salud. La primera modificación, del 4 de mayo de 2026, incluyó el Núcleo Básico de Arquitectura y Afines en los requisitos para un cargo de Asesor en el Despacho del Superintendente. Una segunda resolución, expedida el 9 de junio de 2026, fue más radical: modificó los perfiles de cuatro cargos de asesor de diferentes grados, estableciendo que la formación podría acreditarse en "cualquier Núcleo Básico del Conocimiento (NBC), conforme con la clasificación del Ministerio de Educación Nacional a través del Sistema Nacional de Información de la Educación Superior (SINES)".

Forero identificó a Sergio Andrés López Muñoz, arquitecto de profesión y exsecretario de Planeación de Medellín durante la administración de Quintero, como uno de los principales beneficiarios. López Muñoz también fue gerente del proyecto Metro de la 80. La modificación del 4 de mayo resulta particularmente relevante en su caso, pues incorporó precisamente el núcleo de Arquitectura y Afines al perfil que luego pudo ocupar. López Muñoz enfrenta acusaciones en la investigación penal conocida como caso Aguas Vivas, donde la Fiscalía General de la Nación lo sindica por presunto interés indebido en la celebración de contratos. En ese mismo expediente también aparece investigado Daniel Quintero.

Otros nombres mencionados por Forero incluyen a Juan David Duque García, designado como Superintendente Delegado en el Despacho del Superintendente Delegado para la Protección al Usuario. Su formación incluye una licenciatura en Administrador de Negocios Internacionales y una maestría en Gestión Pública, pero ninguna relacionada con salud. Según el congresista, Duque está vinculado a una investigación de la Procuraduría relacionada con presunto uso irregular de la caja menor de la Alcaldía de Medellín, donde se desempeñó como secretario privado de Quintero. También está Esteban Restrepo Taborda, nombrado secretario general de la Superintendencia. Restrepo es profesional en Negocios Internacionales, con especialización en Gerencia y maestría en Tecnologías de la Información y la Comunicación. De acuerdo con Forero, ninguno de estos títulos está relacionado con salud, y Restrepo figura como indiciado en cuatro investigaciones penales.

El representante Forero interpretó las decisiones como una estrategia deliberada para facilitar el ingreso de antiguos colaboradores de Quintero. En sus críticas públicas, afirmó que "Daniel Quintero decidió convertir la Superintendencia Nacional de Salud en el escampadero de sus amigotes políticos. Y es que, sin importar si ellos saben o no de salud, si su formación y su trayectoria profesional ha estado relacionada con temas de salud, ha decidido darles las más altas dignidades". Forero anunció que realizará seguimiento a las actuaciones de estos funcionarios y que la Cámara de Representantes ejercerá control político sobre la gestión de la entidad.

Esta controversia se suma a cuestionamientos previos sobre el nombramiento de Quintero. El mismo Forero presentó el 30 de abril de 2026 una demanda de nulidad ante el Consejo de Estado contra el decreto que lo designó en el cargo, argumentando que no cumplía con los requisitos de formación y experiencia exigidos para la posición de superintendente.