La Nueva EPS tiene un plazo que no puede dilatar más. La Superintendencia Nacional de Salud le exigió de manera formal la entrega de sus estados financieros de tres años: 2023, 2024 y 2025. La información debe llegar certificada, dictaminada y aprobada antes del próximo 6 de julio, en un plazo que la autoridad sanitaria marcó como "perentorio e improrrogable".

Se trata de la EPS más grande del país, la que cubre la mayor cantidad de afiliados y la que recibe más dineros del Estado. Sin embargo, permanece bajo medidas de intervención forzosa administrativa desde abril de 2024, un mecanismo que precisamente la obliga a reportar su información financiera de forma oportuna y completa. A pesar de esto, Nueva EPS no publica sus estados financieros desde 2022.

Este no es el primer aviso. Desde 2024, la Superintendencia ha aprobado múltiples resoluciones, requerimientos y planes de trabajo dirigidos a la entidad. Solo entre abril de 2025 y febrero de 2026, el ente de control formuló al menos cinco requerimientos formales que Nueva EPS no cumplió integralmente. Además, ya existe una orden judicial emitida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca que la obliga a elaborar, certificar y publicar esta información.

La Superintendencia explicó que estos estados financieros son vitales para conocer con exactitud la verdadera situación de Nueva EPS: su liquidez, sus deudas pendientes y su capacidad de pago. Actualmente, reportes de diferentes organizaciones señalan que la entidad tiene la deuda más alta con clínicas y hospitales del país, lo que ha llevado a interrupciones en los servicios para sus afiliados. Los números que falta revelar servirán como base para que el próximo gobierno continúe la administración de la entidad de manera ordenada.

La falta de transparencia impide que la Superintendencia haga un seguimiento adecuado de la solvencia de Nueva EPS y verifique si se están cumpliendo las medidas de recuperación ordenadas durante la intervención. Sin esta información, solo hay estimaciones, no certezas.

Si Nueva EPS no atiende este requerimiento en el plazo fijado, enfrentará consecuencias legales. La Superintendencia advirtió que desconocer esta orden constituye una infracción administrativa sancionable, de acuerdo con el artículo 130 de la Ley 1438 de 2011, que contempla sanciones para quienes no reporten información con la calidad y oportunidad debidas, obstruyan tareas de inspección y control, o incumplan órdenes de la autoridad sanitaria.