La mayor entidad de salud del país se encuentra en el centro de una polémica administrativa. El pasado 14 de abril, seis funcionarios de la Superintendencia de Salud presentaron una denuncia formal ante el procurador general Gregorio Eljach Pacheco y la procuradora delegada para asuntos civiles, Mónica Andrea Ulloa, cuestionando tanto la legalidad de la intervención a Nueva EPS como el perfil de quien fue designado para dirigirla.

De acuerdo con la investigación revelada por Caracol Radio, los denunciantes sostienen que la superintendente ad hoc Luz María Múnera habría incumplido requisitos fundamentales del procedimiento legal. Según el documento, faltó el informe requerido de la Dirección de Inspección y Vigilancia para Entidades de Aseguramiento en Salud y no se solicitó el concepto técnico obligatorio para adoptar esa medida especial. Además, la resolución que ordenó la intervención contendría varias inconsistencias relacionadas con el debido proceso y carecería de información complementaria que exigen los procedimientos internos de la Superintendencia.

El caso se complica aún más por lo que sucedió con el Comité de Medidas Especiales. Según los denunciantes, en la sesión del 10 de abril los miembros de este comité recomendaron no intervenir más a Nueva EPS y expresaron preocupación por la vulneración del debido proceso. Sin embargo, fue ordenada la posesión inmediata de los bienes y negocios de la entidad, lo que los funcionarios consideran una presunta suplantación de las decisiones del comité.

Otro aspecto controvertido es la experiencia de Jorge Iván Ospina, el nuevo interventor designado. Según los funcionarios, una evaluación técnica demostró que Ospina no cumpliría con el requisito mínimo de tres años de experiencia en cargos directivos o asesores en entidades de salud. Tampoco tendría los dos años adicionales de experiencia requerida en actividades de asesoría o dirección en salud. La evaluación le habría asignado 32 puntos en la consulta de listas vinculantes, lo que se considera como riesgo alto para desempeñar el puesto.

Hay también un detalle administrativo que levanta sospechas. Después del 3 de abril, cuando venció la última intervención, la Superintendencia solicitó una prórroga al ministerio de Salud por un año más, pero el ministerio nunca respondió. Este silencio habría significado que el control de Nueva EPS retornara a sus propietarios y que la intervención no pudiera renovarse automáticamente.

Ahora todo queda en manos de la Procuraduría, que debe analizar las denuncias formales y pronunciarse sobre si existieron irregularidades en este proceso que afecta a una de las principales aseguradoras de salud del país.