Durante una conferencia en la Universidad de Cartagena hace poco, el viceministro de Educación Superior Ricardo Moreno presentó los avances que, según el Gobierno, se habían logrado en la creación de diez universidades dirigidas a pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes y poblaciones campesinas. El discurso fue optimista: se habían invertido más de 40 mil millones de pesos en estas instituciones y se sumaban otros 9.500 millones para estudios de viabilidad. Sin embargo, un análisis detallado muestra una realidad bastante diferente a lo anunciado.

La cruda verdad es que de esas diez universidades, solo una funciona actualmente y ofrece programas académicos con estudiantes matriculados. Se trata de la Universidad Autónoma Indígena Intercultural, ubicada en Popayán, Cauca. Lo notable es que esta universidad no fue promovida por la actual administración. Su creación se autorizó mediante ley en el gobierno de Juan Manuel Santos y comenzó a operar durante la presidencia de Iván Duque. De modo que el Gobierno actual heredó esta institución, no la fundó.

De las nueve universidades restantes, la situación es mucho más precaria. Solo una, la Universidad de los Pastos y Quillasingas en Nariño, cuenta con personería jurídica formal, obtenida en octubre de 2024. Pero pese a tener este estatus legal, todavía no ofrece ningún programa académico, aunque tiene varios en proceso de aprobación ante el Ministerio de Educación.

El panorama con las ocho universidades restantes es aún más desalentador. Analistas que estudian de cerca la educación superior en Colombia, como el Observatorio de la Universidad Colombiana y expertos como Francisco Cajiao, advierten que estas instituciones podrían ser calificadas como "universidades de papel". Algunas ni siquiera tienen estudios de factibilidad completados. Apenas hace días, el 23 de febrero, el ministro de Educación anunció acuerdos con la comunidad Wayuu para avanzar en los estudios de viabilidad de su universidad. La Universidad del Macizo Colombiano está en forma de proyecto de ley radicado en octubre de 2025, sin debate aún en el Congreso.

La Universidad del Catatumbo es quizá la más promocionada en estos cuatro años de Gobierno. Tiene una obra en marcha, pero lo que se entregó en Tibú y El Tarra son estructuras que funcionan como colegios-universidad, espacios que permiten a estudiantes de bachillerato avanzar en educación superior con carreras de universidades ya existentes, no como una universidad independiente. Expertos sugieren que podría terminar siendo un multicampus de una institución ya creada, similar al que se planea en Suba, Bogotá.

El viceministro Moreno argumentó que estas universidades responden a la necesidad de llevar educación superior a regiones donde históricamente han convivido la pobreza, la desigualdad y la violencia, territorios donde los jóvenes han carecido de acceso a la educación universitaria. Es un objetivo loable. Pero el desfase entre los anuncios y la realidad operativa plantea interrogantes sobre la viabilidad real de estos proyectos y los tiempos en que podrán materializarse efectivamente en beneficio de estas comunidades.