Las centrales obreras del país intensificaron su presión sobre el Ejecutivo para que ratifique el aumento del salario mínimo a 2 millones de pesos. Tras la suspensión provisional del decreto por parte del Consejo de Estado, los sindicatos agrupados en el Comando Nacional Unitario hicieron un llamado directo: el Presidente tiene facultades constitucionales para expedir un nuevo decreto en las mismas condiciones del que fue frenado.

El aumento del 23,7% al salario mínimo, fijado en diciembre pasado, está siendo cuestionado por sectores empresariales como Fenalco y el Centro Democrático, quienes alegan problemas en los procedimientos legales. Pero para los sindicatos la situación es clara: el Gobierno cumplió todos los requisitos y ahora no puede dejar que intereses empresariales reviertan un derecho ya conquistado. Fabio Arias, presidente de la CUT, explicó que el alto tribunal suspendió el decreto "con el propósito de que el gobierno expida uno en la intencionalidad y que sea por un valor menor". La diferencia es crucial: mientras los empresarios hablan de un "hecho cumplido", los trabajadores insisten en que se trata de un "derecho adquirido".

Los números demuestran por qué la lucha es tan intensa. Según la CUT, la suspensión afecta directamente a 4 millones de trabajadores que devengan el salario mínimo y a más de 1,2 millones de pensionados cuya mesada está atada a ese ingreso. Una eventual reducción del aumento impactaría el consumo de estos hogares en un momento en que el costo de vida presiona fuertemente los bolsillos de los colombianos.

Las centrales CUT, CTC y CGT dejaron clara su posición: "El salario mínimo vital es una bandera de justicia social". Calificaron la suspensión como "un grave retroceso social y un golpe directo contra millones de trabajadores que hoy enfrentan el alto costo de vida". Desde su perspectiva, mantener el aumento es una obligación constitucional del Estado, no una concesión a los sindicatos.

Para ejercer presión, el Comando Nacional Unitario convocó movilizaciones en todo el país para el jueves 19 de febrero. En Bogotá, la concentración principal será en la Plaza de Bolívar a las 4 de la tarde, mientras que en otras ciudades las protestas se desarrollarán en horarios que definirán las organizaciones locales. Las centrales advierten que no aceptarán que intereses empresariales frenen una medida orientada a recuperar el poder adquisitivo y reducir las brechas de desigualdad.

El Consejo de Estado otorgó un plazo de ocho días calendario al Gobierno para que actúe. Ahora depende de la decisión del Ejecutivo si ratifica el aumento o cede a la presión empresarial de expedir un nuevo decreto con cifras menores. Lo que está en juego es si un derecho laboral ya fijado puede ser suspendido por una corte, incluso de forma provisional.