Los sindicatos de trabajadores de la salud salieron al paso de la intención del presidente Gustavo Petro de cerrar las EPS que están en quiebra. En un comunicado conjunto, las organizaciones que agrupan a empleados de Emssanar, Asmet Salud y Famisanar expusieron su preocupación por las consecuencias que tendría una liquidación de estas entidades. Juntas, estas tres EPS atienden a casi 6 millones de colombianos distribuidos en 15 departamentos del suroccidente, el Eje Cafetero, la Amazonía, el Caribe y el centro del país, además de tener en nómina a más de 6.100 trabajadores.

El punto central de la alarma de los sindicatos no es solo la dimensión de cifras, sino lo que hay detrás: territorios donde, en muchos casos, no hay alternativas inmediatas de atención médica. Los sindicatos alertan sobre "trasladar a seis millones de personas sin un plan técnico, serio y previamente constituido", ya que esto "no soluciona de raíz las dificultades señaladas, al contrario, agudiza las situaciones que se vienen presentando en el sistema de salud". La preocupación es que una medida de esta magnitud sin preparación podría dejar a millones sin acceso a servicios de salud.

Lo que más inquieta a las organizaciones sindicales es la suerte de sus afiliados laborales. Hablan de "hombres y mujeres que sostienen hogares, muchos de ellos como cabeza de familia, en los que conviven adultos mayores, niños y personas con discapacidad que dependen de ese ingreso para vivir con dignidad". En regiones donde el desempleo es alta, perder un empleo formal en salud "puede marcar el futuro de una familia durante décadas". Los sindicatos también cuestionan cómo se alinea esto con el discurso del Gobierno sobre trabajo digno y decente.

Lejos de ver la liquidación como inevitable, los sindicatos sostienen que existen caminos alternativos. Señalan que "estas entidades pueden ser financieramente viables" y que el Gobierno aún no ha agotado opciones como "el pago de la cartera, la apertura de procesos serios de capitalización y la exploración de acuerdos de reestructuración financiera". Advierten que "mientras no se hayan explorado de manera real, cualquier decisión de liquidación resulta prematura y sus efectos, irreversibles".

Las organizaciones sindicales hacen dos peticiones concretas. Primero, que el Gobierno agote esas alternativas con "verdadera voluntad" antes de tomar otro acto administrativo, asegurando "la continuidad en la atención de casi seis millones de afiliados mediante un plan territorial definido". Segundo, invitan a sus trabajadores a "levantar su voz de manera responsable, pacífica y democrática en defensa de su trabajo, de sus familias y del derecho a la salud de las comunidades que atendemos cada día".

El mensaje final es claro: tanto los empleados como los pacientes "no pueden quedar abandonados a su suerte". Para los sindicatos, las decisiones del Gobierno Nacional "no pueden desconocer la realidad de los territorios ni el derecho de miles de trabajadores a mantener condiciones laborales dignas".