Los trabajadores de Emssanar EPS activaron todas las alarmas. La Asociación Unitaria de Trabajadores de la entidad envió una carta directo al presidente Gustavo Petro, al ministro de Salud Guillermo Jaramillo y al superintendente de Salud Daniel Quintero, pidiendo que detengan cualquier decisión que lleve a la liquidación de la aseguradora antes del 31 de mayo. El sindicato advierte que una eventual desaparición traería consecuencias graves para millones de colombianos.

Según el documento, la medida afectaría la prestación de servicios médicos para más de 1,6 millones de afiliados y pondría en peligro la estabilidad laboral de 1.585 empleados. Pero el impacto no se detiene ahí. Los trabajadores señalan que también tendría repercusiones sobre la red hospitalaria pública del suroccidente del país, algo que preocupa no solo a usuarios sino a hospitales públicos y a las propias finanzas estatales.

Lo que más duele a quienes defienden a Emssanar es que se trata de una estructura construida hace casi tres décadas con un propósito muy específico. La EPS nació en 1994, cuando se implementaba la Ley 100, como una iniciativa ligada a organizaciones comunitarias para garantizar cobertura médica a población de bajos recursos. Para el sindicato, desmantelar Emssanar significaría "desmontar un modelo construido históricamente para atender a sectores excluidos".

Los números refuerzan esa preocupación. A diciembre de 2025, la EPS tenía 1.673.178 afiliados, de los cuales más de 1,5 millones estaban en el régimen subsidiado. Opera en 102 municipios del suroccidente colombiano y controla el 33,74 por ciento del mercado en ese segmento, convirtiéndose en el principal asegurador de población vulnerable en esos departamentos.

Hay algo particularmente delicado en todo esto: los pacientes con enfermedades de alto costo como cáncer, insuficiencia renal crónica, VIH y patologías huérfanas. Muchos de ellos viven en zonas apartadas donde Emssanar es prácticamente la única puerta de entrada al sistema de salud. Un traslado a otra EPS para ellos sería casi imposible.

El sindicato también subraya que la situación financiera de Emssanar no puede verse de manera aislada. Los costos médicos son más altos porque la mayoría de sus afiliados viven en áreas rurales dispersas con altos índices de pobreza, lo que incrementa la demanda de atención especializada. Liquidar la aseguradora sin considerar estas realidades geográficas y sociales, advierten, podría convertir una crisis administrativa en una catástrofe humanitaria.