El narcotráfico no es solo un problema de drogas. Es la raíz más profunda de males que desgarran a Colombia desde hace décadas. Alimenta la corrupción, agudiza la violencia y genera consecuencias devastadoras en la economía, el medio ambiente y la salud de los colombianos. Mientras otros países luchan contra una sola crisis, nosotros enfrentamos todas interconectadas, y el tráfico de drogas está en el centro de esta tormenta perfecta.

Los números son crudos. El narcotráfico distorsiona todo lo que toca. Dispara los precios de terrenos y viviendas porque los capos invierten sus fortunas ilícitas en bienes raíces. Alimenta el contrabando que mata la industria nacional. Desplaza cultivos lícitos por coca y marihuana, reduciendo la producción de alimentos y disparando la inflación. Las exportaciones legítimas se vuelven menos competitivas porque el país está inundado de dólares ilegales que alteran el tipo de cambio. Es una economía envenenada desde adentro.

El daño ambiental es casi inconmensurable. Cientos de miles de hectáreas de selva se pierden cada año por los cultivos ilícitos. Los precursores químicos envenenan ríos y lagos. Los herbicidas contaminan tierras enteras. Lo que tardó la naturaleza siglos en crear, el narcotráfico lo destruye en años.

Pero quizás lo más preocupante sea el impacto en la salud pública. El consumo de drogas en la población de 12 a 65 años creció del 9.9 por ciento en 2016 al 13.1 por ciento en 2025. En los hombres pasó de 15.8 a 20.1 por ciento, es decir uno de cada cinco. En las mujeres subió de 4.3 a 6.7 por ciento. Y lo más inquietante: la edad promedio para comenzar a consumir sustancias ilícitas bajó a 13.7 años. Los narcos no dejan de buscar nuevos consumidores porque necesitan crecer mercado. Son adictos a la expansión.

El golpe a la democracia ha sido demoledor. Los narcos compraron presidentes, sobornaron jueces, militares y funcionarios públicos. Financiaron campañas parlamentarias. Ganaron elecciones a través de pactos oscuros. Ahora impulsan candidaturas que sirvan a sus intereses. La liberación de capos y la suspensión de órdenes de captura no son errores administrativos. Son movimientos para que grupos violentos puedan presionar a los votantes en territorios donde controlan todo.

El narcotráfico también cambió la mentalidad de una nación. Vendió la idea de que la riqueza no necesita venir del trabajo honrado, sino que puede hacerse fortuna rápida y fácilmente violando la ley. Por eso hoy tantos entran a la administración pública con el único propósito de enriquecerse. Un país que ha perdido cientos de miles de vidas por esta plaga merece preguntarse algo fundamental: ¿podemos permitirnos que alguien vinculado al narcotráfico dirija el país?

Es verdad que los abogados tienen derecho a defender a sus clientes. Pero también tienen derecho a elegir quiénes son esos clientes. Un penalista puede defender a cualquiera, pero los más reputados, los que tienen ética consolidada, no defienden a las Farc ni a los capos. Y aunque el deber de la defensa existe, la pregunta sigue siendo válida: ¿merece Colombia un presidente que construyó su carrera como abogado del narcotráfico?