En los salones del Centro de Convenciones Julio Cesar Turbay de Cartagena, durante la II Conferencia Internacional de Reforma Agraria, cobró fuerza una cifra que resume el dolor de décadas: 10 millones de víctimas dejó el conflicto armado desde los años 80 en Colombia. Para entender el alcance, Aura Bolívar, subdirectora de la Unidad de Restitución de Tierras, la comparó con una realidad más cercana: eso equivale a cinco veces la población de Medellín. De ese universo de sufrimiento, más de 9 millones de personas cargan con una tragedia común: fueron desplazadas de sus territorios y despojadas de sus tierras.

Bolívar fue contundente al hablar sobre lo que está en juego. "No puede haber paz sino hay reforma agraria, no puede haber paz si no hay restitución de tierras", afirmó. Y añadió que aunque la Ley 1448 de 2011 nació con la ambición de devolver entre 6 y 10 millones de hectáreas usurpadas, "la realidad en el terreno es una carrera de obstáculos debemos reconstruir, pedazo a pedazo, un rompecabezas que la guerra intentó borrar". La restitución, explica, no es solo un trámite administrativo: mezcla topografía, acciones judicales y memoria histórica de la Colombia más profunda.

El proceso se divide en tres etapas bien definidas. Primero está lo administrativo: la URT recibe solicitudes (ya son más de 171.000), documenta casos, mide predios e identifica violaciones de derechos humanos. Si todo cumple, el predio entra al Registro de Tierras Despojadas. Después viene la etapa judicial, donde los Jueces de Restitución analizan cada caso, y la Unidad puede representar gratuitamente a las víctimas ante esta justicia especializada. Finalmente, cuando el juez dicta sentencia, la URT acompaña a las familias para que se cumpla la restitución integral, incluyendo proyectos productivos, subsidios de vivienda y acceso a derechos económicos y sociales.

Los números revelan dos realidades distintas. En la ruta campesina se han inscrito más de un millón de hectáreas, de las cuales 900.000 esperan sentencia y ya se han restituido efectivamente casi 290.000 mediante 11.000 fallos judiciales. En la ruta étnica, que incluye pueblos indígenas y comunidades negras, la magnitud es mayor: se han inscrito 13 millones de hectáreas, de las cuales 650.000 ya tienen sentencia definitiva. A la fecha, 59 sentencias benefician a 63 territorios, 92.521 personas y 25.825 familias, comprometiendo 707.324 hectáreas.

Pero hay un obstáculo que muchos no ven: regiones como el Catatumbo siguen siendo campos de batalla donde es imposible enviar topógrafos sin poner sus vidas en riesgo. Para enfrentar esto, el Gobierno diseñó el Decreto 1623 de 2023, una ruta especial que permite documentar el despojo sin presencia física en zonas rojas. La Unidad cruza datos del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, la Agencia Nacional de Tierras y fotografías satelitales para reconstruir lo que la guerra borraba. Bolívar fue clara sobre esto: "No podemos esperar a que termine el conflicto para responderle a las víctimas; se nos moriría la población desplazada esperando justicia".

La subdirectora planteó una hoja de ruta resumida en cuatro Rs: Restitución (devolver lo arrebatado), Redistribución (entregar tierra a quien nunca ha tenido), Regulación (ordenar el mercado y los linderos) y Reconocimiento (validar los derechos del campesinado y las etnias). Para la URT, no habrá paz estable ni soberanía alimentaria mientras el Estado no sane los vicios del catastro que la guerra profundizó. La restitución, al final, es más que devolver un lote: es devolverle a la víctima su lugar en la democracia.