Un fallo de la Corte Constitucional le puso un alto a la Secretaría de Educación de Riohacha por no atender las necesidades educativas de cuatro comunidades wayuu. La decisión ampara los derechos fundamentales a la educación y al debido proceso de Copoyomana, Yaletshimana, Angastura y Los Melones, tras comprobar que la administración local incumplió con sus responsabilidades frente a estas poblaciones indígenas.

El asunto llegó a la corte cuando las autoridades tradicionales presentaron una acción de tutela explicando que en 2024 habían solicitado la creación de un centro etnoeducativo para desarrollar el proyecto pedagógico Ana Akua'ipa, pensado en fortalecer y preservar la identidad cultural wayuu. Sin embargo, nunca recibieron una respuesta adecuada y eso afectó directamente la continuidad educativa de los menores.

Durante la revisión del caso, la Corte encontró una realidad preocupante: había niños y adolescentes completamente fuera del sistema escolar y otros que debían caminar largas distancias sin acceso a transporte adecuado para llegar a clases. Esto no es un detalle menor en territorios de La Guajira donde las condiciones geográficas ya son desafiantes. El tribunal recordó que la Constitución protege especialmente el derecho a la educación de los pueblos indígenas, garantizando tanto el acceso en igualdad como el respeto por sus particularidades culturales.

La Sala Segunda de Revisión, presidida por Carlos Camargo Assis, fue clara en su conclusión: la Secretaría de Riohacha vulneró los derechos de estas comunidades al no adelantar un proceso adecuado para el centro etnoeducativo, al no enfrentar la desescolarización y al no garantizar transporte escolar. Por eso le ordenó actuar de inmediato.

Las medidas son concretas. Primero, la Secretaría debe completar y legalizar la creación del centro etnoeducativo solicitado, con un cronograma claro y plazos razonables. Segundo, en coordinación con el Ministerio de Educación y el ICBF, debe hacer un diagnóstico de los menores fuera del sistema educativo para sacarlos de esa situación. Tercero, debe garantizar transporte escolar gratuito para todas las comunidades, con seguridad y cobertura adecuadas.

La Corte fue prevista también con la realidad climática de La Guajira: durante temporadas de invierno o situaciones adversas que impidan el desplazamiento seguro, la Secretaría debe concertar con las comunidades alternativas efectivas que mantengan la continuidad educativa. Además, ordenó que el Ministerio del Interior traduzca el fallo al wayuunaiki en formatos escrito y audiovisual, asegurando que las comunidades entiendan completamente qué cambios vienen para sus hijos e hijas.