En la segunda Conferencia Internacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural que se realiza en Cartagena, expertos internacionales y funcionarios del Gobierno pusieron sobre la mesa un debate incómodo: sustituir 30 mil hectáreas de coca por cultivos legales es posible, pero solo si se garantiza que los campesinos tengan dónde vender sus productos con precios dignos.

Gloria Miranda, directora de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, explicó el problema con una claridad que cualquier agricultor entiende. La coca tiene un mercado garantizado, dijo. Los narcotraficantes van a la finca, compran el producto, el campesino transforma y gana más dinero. Ella lo planteó así: "Lo que estamos haciendo es robarle al narcotráfico, no solo el cultivo sino todo ese circuito económico. Lo más importante es lograr insertar a estos campesinos en mercados legales sostenibles ya sea a nivel nacional o internacional."

El desafío, entonces, no es solo convencer a los campesinos de dejar la coca. Es ofrecerles algo mejor. Miranda explicó que buscan "que todo lo que se siembre, ya esté vendido por anticipado. Que ya tenga un acuerdo comercial a futuro y con un precio justo para que los campesinos tengan una vida digna". Durante reuniones recientes con Estados Unidos, el Gobierno ha negociado oportunidades comerciales con grandes empresas chocolateras estadounidenses para que compren cacao producido por campesinos que abandonan los cultivos ilícitos.

Amado de Andrés, representante de la oficina de las Naciones Unidas contra la droga y el delito, insistió en que el Estado debe establecer políticas duraderas. No se trata solo de erradicar cultivos o entregar tierras. "El tema es que eso sea sostenible en el tiempo, entonces tiene que haber una política de Estado en donde los recursos para la erradicación y sustitución de cultivos se vean complementados con recursos para programas que no termine con este gobierno, sino que sea sostenible en el tiempo", señaló.

Un ejemplo de esa apuesta es el sacha inchi (una semilla amazónica rica en omega-3) que se comenzará a producir en Putumayo como resultado de un proyecto conjunto con Naciones Unidas y Corea. De este producto ya se elabora una barra de cereal llamada Sacha Energy.

Pero hay obstáculos serios en el camino. La inseguridad es uno. Miranda reconoció que en zonas como el Cauca es "absolutamente difícil hacer sustitución, porque ahí es un grupo que está en completa oposición y en guerra abierta contra la población". En cambio, en Catatumbo el Gobierno ha avanzado más: lleva 7 mil hectáreas en proceso de sustitución, de las cuales 4 mil ya deberían estar erradicadas.

Otro problema crítico es que más de la mitad de los campesinos que participan en la sustitución tienen problemas para legalizar sus tierras. Sin documentos que prueben que poseen el terreno, es imposible implementar políticas de apoyo. Miranda explicó que trabajan con otras entidades del Estado para acelerar la titulación, aunque reconoce que en algunos lugares, como dentro de parques naturales nacionales, no será posible titular las tierras. En esos casos, dice, entregarán proyectos productivos que mantengan a las familias en sus territorios.