La Superintendencia de Industria y Comercio le metió la mano a Rappi. La SIC sancionó a la plataforma de domicilios con multas que superan los 4.000 millones de pesos luego de detectar un panorama preocupante de incumplimientos que le han hecho daño directo a miles de colombianos que confían en el servicio a diario.

Las investigaciones administrativas que llevó a cabo la entidad encontraron problemas graves en lo que prometía Rappi a sus usuarios. Hubo entregas tarde, productos que llegaban rotos o incompletos, y lo peor: casos donde los consumidores pagaron por cosas que nunca recibieron. Estos no son detalles menores; es dinero de gente que depositó confianza en la plataforma.

Pero la cosa no quedó ahí. La SIC también descubrió que la atención al cliente dejaba mucho que desear. Resulta que cuando los usuarios intentaban resolver sus problemas a través del chat, enfrentaban una odisea: solicitudes que no llegaban, respuestas automáticas que no servían de nada, demoras interminables y, en algunos casos, directamente bloqueos en la comunicación. "En varios casos, las solicitudes no fueron recibidas, tramitadas y resueltas, pese a que los usuarios permanecían durante largos periodos en el chat", precisó la entidad reguladora.

Otro aspecto que irritó a los investigadores fue el manejo del dinero. Rappi cobró membresías sin autorización de los usuarios y presentó información confusa sobre precios por unidad, lo que impedía que la gente tomara decisiones de compra realmente informadas. Eso también cuenta como vulneración de derechos.

En el terreno publicitario, la SIC encontró engaño descarado. El servicio Turbo, que la plataforma promocionaba prometiendo entregas en apenas 10 minutos, no cumplía esa promesa en varios casos. Además, los anuncios de promociones y ofertas dejaban por fuera información fundamental: cuándo terminaban las ofertas, qué requisitos había que cumplir, cuál era el descuento real o cuántas unidades estaban disponibles. Eso es publicidad incompleta que confunde a quien la lee.

Estas dos investigaciones independientes de la SIC convergen en un mismo punto: Rappi no cumplió con estándares mínimos de protección al consumidor que cualquier plataforma de servicios en Colombia está obligada a garantizar. La multa lleva un mensaje claro: en este país todavía hay una autoridad dispuesta a cobrar las faltas cuando se trata de los derechos de la gente.