En San Juan del Cesar se respira tensión política tras un concurso público que dejó más preguntas que respuestas. El proceso para elegir a la nueva secretaria general del Concejo Municipal para el 2026 se convirtió en campo de batalla jurídico cuando el abogado Keiner Lemus Mendoza, uno de los dos candidatos que participó, decidió cuestionar públicamente lo que pasó durante la selección. Su inconformidad no es menor: dice que el Concejo cometió irregularidades al omitir verificaciones básicas que debía adelantar antes de elegir a la ganadora.

Según Lemus Mendoza, en un proceso de concurso de méritos como este debían cumplirse pasos obligatorios para revisar experiencia, antecedentes disciplinarios e incompatibilidades de quienes participaban. Afirma que nada de eso se hizo. Los dos candidatos asistieron a una entrevista el 26 de noviembre de 2025 ante la plenaria, donde presentaron sus perfiles académicos y visión del cargo. Luego, el Concejo eligió a María José Daza Soler como secretaria general.

Lo que pasó después fue cuando la cosa se complicó. Lemus Mendoza hizo su propia investigación y consultó en la página de la ESAP para verificar si Daza Soler realmente era egresada de una especialización en derecho constitucional, como ella había dicho durante la entrevista. No encontró registro alguno. Tampoco halló que estuviera inscrita como abogada activa ante el Consejo Superior de la Judicatura. Cuando le comunicó sus hallazgos al Concejo, la corporación respondió que había actuado conforme a la resolución y que no había infringido norma alguna.

Pero hay algo más que genera sospechas. Durante la sesión de entrevista, según el audio, María José Daza Soler se presentó como "abogada especialista en derecho constitucional". Sin embargo, cuando respondió una tutela interpuesta por Lemus Mendoza, ella aseguró que nunca se había presentado como abogada, sino como estudiante de derecho próxima a graduarse. Esas dos versiones no son fáciles de reconciliar, y es precisamente lo que mantiene el conflicto abierto.

Lemus Mendoza no se quedó ahí. Interpuso una acción de tutela buscando que un juez revisara lo ocurrido, y además presentó denuncias disciplinarias contra los 12 concejales que votaron por la elegida ante la Procuraduría Provincial de San Juan. En un primer momento le dijeron que archivaran el asunto, pero después de insistir, la procuradora provincial Carolina Dayana Brito Gámez ordenó la apertura de una indagación previa contra funcionarios del Concejo. El caso también fue puesto en conocimiento de la Fiscalía.

El denunciante sostiene que lo que debió ocurrir era una evaluación seria de hojas de vida con puntajes comparables entre los candidatos, no una decisión discrecional. Para él, el requisito mínimo de ser bachiller no era suficiente en un concurso de méritos, donde debía triunfar el mejor perfil disponible. El Concejo Municipal mantiene que actuó dentro de sus facultades, pero la controversia dejó en evidencia una pregunta incómoda: cuando en la administración pública se eligen funcionarios públicos, ¿realmente se evalúa el mérito o prevalecen criterios distintos?