La Superintendencia de Industria y Comercio descubrió dos casos donde presuntamente empresas se coordinaron entre sí para asegurar que ganaran licitaciones públicas. Estas prácticas, conocidas en términos técnicos como acuerdos colusorios, son investigadas porque rompen las reglas del juego que debería ser justo en las compras del Estado.

El primer caso involucra al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, que convocó a empresas para prestar servicios de educación inicial para bebés y niños pequeños en la región de Magdalena. La SIC encontró evidencia de que dos proponentes "habrían coordinado su participación en el proceso con el fin de aumentar sus probabilidades de acaparar y resultar beneficiados con un mayor número de zonas que las que permitía el pliego de condiciones". El dinero en juego era cercano a los 17 mil millones de pesos destinados a la atención de la primera infancia. Lo grave aquí es que cuando dos empresas se ponen de acuerdo, simulan competencia pero en realidad están repartiéndose el mercado, lo que perjudica a los contribuyentes porque no hay una verdadera batalla por ofrecer mejor servicio a menor precio.

En La Mesa, municipio de Cundinamarca, ocurrió algo similar en una licitación para obras de infraestructura. Tres empresas identificadas como Lufsacivil S.A.S., Econ Ingeniería S.A.S. y Castro Flórez S.A.S. (ahora Sf Ingeniería S.A.S.) figuran en la investigación. Según la SIC, el presunto acuerdo entre ellas "habría estado encaminado a incrementar sus probabilidades de adjudicación y asegurar un resultado favorable a beneficio propio".

Lo interesante es que tanto el ICBF como la Alcaldía de La Mesa fueron quienes denunciaron estos comportamientos sospechosos. La SIC resaltó que "la colaboración activa de las entidades públicas afectadas mediante la formulación de la correspondiente denuncia y la presentación de los elementos de prueba" fue fundamental. Esto sugiere que hay mayor vigilancia dentro de las propias instituciones, aunque es preocupante que estos casos lleguen a detectarse solo después de que las empresas ya presentaron sus propuestas.

Las investigaciones aún están en etapa administrativa y la Superintendencia debe determinar si efectivamente hubo violación de las normas de competencia. Cuando se comprueben este tipo de acuerdos, las multas pueden ser millonarias. Para el ciudadano común, el impacto es directo: menos competencia significa servicios más caros y de peor calidad con dinero público.