El escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres sigue mostrando sus aristas más oscuras. La Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia acusó formalmente a cinco congresistas en ejercicio y un excongresista por el delito de cohecho impropio, después de considerar que existen suficientes indicios de que habrían aceptado beneficios a cambio de influir en decisiones sobre operaciones de crédito del Gobierno.

Los nombres que aparecen en la investigación son Wadith Manzur, senador del Partido Conservador; Karen Manrique, representante a la Cámara elegida por curul de paz y vinculada al movimiento MAIS; Liliana Esther Bitar Castilla, senadora del Partido Liberal; Juan Pablo Gallo Maya y Julián Peinado Ramírez, ambos congresistas liberales; y Juan Diego Muñoz Cabrera, excongresista de la Alianza Verde. De estos seis, dos enfrentarán medida de aseguramiento en centro carcelario: Manzur y Manrique. Los demás continuarán vinculados al proceso en libertad.

La investigación apunta hacia hechos ocurridos durante el segundo semestre de 2023, cuando varios de estos congresistas integraban la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público. Según la Corte Suprema, en ese periodo se realizaron reuniones entre legisladores y funcionarios del Ministerio de Hacienda para discutir la aprobación de operaciones de crédito que requerían concepto favorable de esa comisión. De acuerdo con los documentos analizados, durante varios encuentros se habrían discutido los montos y condiciones de los beneficios que recibirían los congresistas.

La hipótesis de los investigadores sostiene que algunos legisladores habrían respaldado estos trámites a cambio de beneficios relacionados con contratos y proyectos financiados a través de la UNGRD. Las obras mencionadas estarían ubicadas en diferentes regiones del país, particularmente en Córdoba, Arauca y Bolívar.

Ahora la Corte Suprema notificará al Congreso de la República sobre esta decisión, lo que abre la posibilidad de que los legisladores investigados sean suspendidos temporalmente del ejercicio de sus funciones mientras avanza el proceso penal. Una vez la decisión quede en firme, el caso pasará a la Sala Especial de Primera Instancia, que continuará con el juicio.