En Colombia existe un consenso raro entre expertos de diferentes áreas: el próximo presidente heredará una economía con problemas profundos pero solucionables si actúa con decisión. Seis centros de investigación del país se pusieron de acuerdo para presentar una hoja de ruta con cambios normativos específicos. La iniciativa, llamada Colombia Progresa 2630, reúne al Consejo Privado de Competitividad, el Centro Regional de Estudios Energéticos, Así vamos en Salud, el Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos, la Fundación para el Estado de Derecho y el centro económico Anif. Después de meses de trabajo, cada uno diagnosticó su sector y propuso reformas concretas.

En materia de finanzas, José Ignacio López, presidente de Anif, fue directo: "El problema más urgente que debe abordar el próximo presidente es tener un plan fiscal que sea creíble y que los mercados se lo compren". Esto significa que sin credibilidad financiera, los inversionistas no confían y los préstamos internacionales se encarecen, afectando todo. López propone ampliar el acceso al crédito formal para pequeños negocios, eliminar barreras para que más gente use el sistema financiero y especialmente desmontar gradualmente el gravamen 4x1000, ese impuesto que afecta cada transferencia bancaria. Según sus cálculos, eliminar este tributo en ocho años tendría un costo inicial de 1,1 billones de pesos, pero liberaría dinero que ahora se pierde en trámites.

Del lado de la competitividad, el panorama es igualmente crítico. Ana Fernanda Maiguashca, presidenta del Consejo Privado de Competitividad, explica que Colombia funciona bajo un marco regulatorio tan enredado que desalienta a los empresarios. "Existe una cultura normativa que lleva a tener una estructura de pedir permisos muy densa. Ese tejido hace que el ímpetu de producir esté limitado". En otras palabras: un colombiano que quiere abrir un negocio se pierde en trámites antes de vender su primer producto. Su solución es aligerar permisos, crear ventanillas únicas reales, eliminar duplicidades normativas y modernizar instituciones. También propone revisar normas que nadie usa pero siguen vigentes, de las cuales hay más de 900 en el país.

En energía, el director del Centro Regional de Estudios Energéticos, Tomás González, advierte que tenemos un problema de oferta insuficiente para la demanda. El gas, la electricidad y el petróleo no crecen lo suficiente, hay deudas acumuladas y la transición energética se estancó. La solución pasa por desbloquear proyectos energéticos que llevan años atrapados en trámites, completar la Comisión de Regulación de Energía y Gas con expertos independientes, y sanear financieramente el sistema. González sugiere un cambio radical: liberar el precio del diésel, lo que liberaría cerca de 8 billones de pesos que podrían usarse para pagar las deudas históricas del sector público con las comercializadoras, que superan los 6 billones.

En salud, donde los hospitales reclaman deudas acumuladas, Augusto Galán de Así Vamos en Salud plantea que lo urgente es inyectar liquidez inmediata al sistema. "Es necesario estabilizar de inmediato el sistema con mayor liquidez", explica, sugiriendo usar vigencias futuras, cambiar direcciones de gastos ya presupuestados y acelerar pagos pendientes. Sin dinero, los hospitales no pueden atender pacientes adecuadamente.

Finalmente, en seguridad, el escenario es complejo. El Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos subraya que existe un ecosistema criminal fragmentado con múltiples organizaciones en disputa violenta. Las propuestas incluyen fortalecer la fuerza pública bajo restricciones fiscales, crear un marco legal integral para desmantelar organizaciones criminales y modernizar el sistema judicial. Todo esto requiere dinero y coordinación institucional que hoy no existe al nivel necesario.

Lo interesante es que estos seis diagnósticos apuntan en la misma dirección: Colombia no necesita inventar ruedas, sino destrabar lo que ya existe, simplificar procesos, organizar instituciones y darles recursos. Para el colombiano promedio, esto significa potencialmente más oportunidades laborales, negocios que arrancan más rápido, servicios de salud más estables y seguridad más predecible. El reto es que el próximo gobierno tenga la voluntad política para implementar cambios que siempre encuentran resistencia.