Un tribunal administrativo de Antioquia decidió suspender temporalmente la aplicación del Decreto 182, expedido por el Gobierno el 24 de febrero de este año, que buscaba reorganizar territorialmente el sistema de aseguramiento en salud. La medida, adoptada el 10 de marzo por la Sala Tercera del tribunal tras una acción popular presentada por un ciudadano, genera respaldo generalizado entre expertos, gremios y asociaciones de usuarios que ven en la decisión una protección contra cambios riesgosos para los pacientes.

El decreto cuestionado pretendía establecer un modelo territorial que reorganizara cuántas EPS operarían en cada región del país y redistribuyera a los afiliados entre las entidades habilitadas. Según los cálculos presentados en el proceso judicial, esto implicaría el traslado de 6,6 millones de afiliados, de los cuales aproximadamente 2,6 millones serían asignados a Nueva EPS, una entidad que actualmente se encuentra intervenida por el Estado y que enfrenta dificultades financieras y operativas significativas.

Luis Jorge Hernández, académico especializado en salud, calificó la decisión judicial como adecuada, argumentando que trasladar millones de usuarios a una entidad en crisis operativa y financiera "habría sido una decisión improvisada que podría haber agravado la crisis del sector". Advirtió además que un cambio de esa magnitud "podría haber provocado la suspensión de múltiples tratamientos médico-quirúrgicos, lo que pondría en riesgo la vida y la integridad de miles de pacientes".

Desde el gremio empresarial de las aseguradoras, Ana María Vesga, presidenta de Acemi, también respaldó la suspensión. Vesga señaló que la reorganización territorial solo puede funcionar cuando existen "capacidades homogéneas entre los operadores" y cuando se garantiza la continuidad de los tratamientos. En el contexto actual, resultaba difícil que esa redistribución funcionara hacia entidades intervenidas con problemas operativos y financieros.

Jorge Alberto Toro, de la Unión de IPS, agregó que el traslado de usuarios a entidades sin capacidad administrativa suficiente habría puesto en alto riesgo toda la operación del sistema. Desde las asociaciones de pacientes, Álvaro Molina expresó preocupación por cómo el decreto contemplaba trasladar a millones de afiliados "sin tener en cuenta su voluntad ni su derecho a la libre elección".

Con la medida cautelar en vigencia, el proceso continuará en la jurisdicción contencioso administrativa para analizar si el decreto vulnera derechos colectivos como el acceso a los servicios de salud y la libre competencia. Las organizaciones de usuarios han invitado a los colombianos a manifestar ante el Ministerio de Salud, la Superintendencia de Salud y la Adres su rechazo a traslados masivos que no consulten la voluntad de los afiliados.