La orden del presidente Gustavo Petro de liquidar las entidades promotoras de salud en quiebra ha generado alarma en el sector médico y entre organizaciones de pacientes. Al menos siete EPS serían cerradas bajo esta medida, dejando sin cobertura a más de 12 millones de colombianos que actualmente están afiliados a estas entidades. Las voces críticas coinciden en un punto: el sistema no está preparado para absorber tan rápidamente a esta cantidad masiva de nuevos afiliados.

Pacientes Colombia expresó su preocupación directamente. El vocero de la organización señaló que la medida genera "incertidumbre" y advirtió que "las demás entidades, cerca de seis, siete EPS que quedan en el sistema, que con dificultad están pudiendo atender a su población, claramente no tienen la capacidad de recibir todos esos afiliados". Según la organización, las EPS intervenidas actualmente atienden a 24.8 millones de colombianos, una cifra imposible de redireccionarse sin consecuencias graves para la salud pública.

Acemi, el gremio de las empresas de medicina integral, también advirtió sobre el riesgo de un "colapso" del sistema. La dirigente gremial remarcó que la capacidad operativa simplemente no existe: "Pensemos que es la mitad de la población asignada a dónde". Además de la saturación, existe el riesgo inmediato para pacientes que actualmente reciben tratamientos. Una transferencia abrupta de afiliados podría interrumpir procedimientos médicos, dejar sin medicamentos a personas que los necesitan y profundizar la crisis sanitaria que ya enfrenta el país.

Augusto Galán, quien fue ministro de Salud, coincidió en que la liquidación representa un camino demasiado riesgoso. Explicó que el problema de fondo es una "desfinanciación estructural del sistema de salud" que viene desde hace años, un asunto que la liquidación de EPS no resuelve. Galán afirmó que "es muy complicado y muy riesgoso. No hay muchas EPS que tengan la capacidad de atender tantos usuarios. Además, habría interrupción de tratamientos, pacientes que pueden quedar sin medicamentos y sin atención".

Los cuestionamientos del sector también apuntan a que las intervenciones de EPS implementadas en años anteriores no han sido la solución adecuada. Según estos análisis, el gobierno estaría empujando el sistema hacia un colapso sin resolver los problemas estructurales que lo aquejann: gobernanza deficiente, financiamiento insuficiente y garantías débiles en derechos de los pacientes. La liquidación de estas entidades, aunque busque enderezar la situación, corre el riesgo de dejar a millones de colombianos en mayor desprotección que la actual.