En Santa Marta, calcular los costos de un negocio ya no es solo cuestión de arriendo, servicios y empleados. Existe un rubro adicional, invisible pero ineludible: cuánto se debe pagar para que lo dejen trabajar en paz. Llamadas, visitas y amenazas presionan a comerciantes, operadores turísticos y trabajadores informales con un mensaje que suena simple pero demoledor: pague o cierre. Este "impuesto armado" se ha convertido en una de las fuentes de financiación más estables para las dos estructuras armadas que pelean por el control de la ciudad, las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada (ACSN) y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC).

En sectores turísticos como El Rodadero y Taganga, la extorsión dejó de ser un riesgo excepcional para convertirse en la regla del juego. A cambio del dinero, los grupos ofrecen lo que llaman un paquete de "seguridad": acompañamiento, protección contra robos, resolución de conflictos y respuestas rápidas cuando hay problemas. Un comerciante de Taganga, bajo anonimato por su seguridad, describió la cotidianidad: "En Taganga paga el carpero, la que hace trenzas, el que vende jugos, el lanchero, el dueño de restaurante. Todos. Diariamente nos visitan y debemos mostrar las finanzas. De acuerdo con lo que se venda, nos cobran un porcentaje". La paradoja es brutal: quien paga obtiene respaldo armado de grupos criminales; quien se rehúsa queda expuesto a amenazas que pueden terminar en cierre forzado del negocio o agresiones.

La historia no comenzó ayer. El defensor de derechos humanos Lerber Dimas explica que Santa Marta lleva décadas con presencia armada. Desde los años 80 se asentaron dinámicas de autodefensas, y tras la desmovilización paramilitar llegó un "desorden criminal" con múltiples estructuras compitiendo por territorio. Todo esto dejó dos huellas profundas: control territorial y una cultura donde los conflictos se resuelven por la fuerza. La gobernanza criminal le ganó terreno a la gobernanza política. Dimas plantea una lógica perversa que se volvió cotidiana: si la ruta legal es lenta, costosa o ineficaz, aparece el atajo del actor armado. "Usted pone una demanda y eso puede demorarse meses… pero si va donde el actor armado, mañana le pagan", explica, mostrando cómo esa "eficiencia" construyó dependencia social y legitimación del miedo.

Hoy el negocio más rentable para estas bandas no son las rutas de droga, sino algo mucho más seguro: la extorsión sistemática. El turismo y el comercio mueven dinero todos los días, garantizando un flujo constante. Los grandes comerciantes pueden pagar para evitar "inconvenientes", pero los pequeños quedan atrapados: sus ingresos no alcanzan para sostener cuotas mensuales y sus márgenes para resistirse son mínimos. A esto se suma otra renta que crece en silencio: el gota a gota, préstamos rápidos con intereses altos, cuotas diarias y castigos violentos cuando la gente no paga. No es solo dinero: es control sobre la supervivencia misma.

La captura esta semana de Moisés David Puertas Fonseca, alias "Rambo", señalado como integrante de las ACSN, expuso el sistema en toda su crudeza. Las autoridades lo vinculan con el asesinato de Aquilino José Salazar, operador turístico en El Rodadero descrito por conocidos como trabajador sin enemigos visibles. Su muerte habría funcionado como presión para ajustar una cuota de extorsión. No es una conclusión judicial cerrada, pero encaja con el patrón que comerciantes denuncian: el cobro se impone y el incumplimiento se castiga. Paralelamente, en varios barrios aparecen lo que se conoce como "limpiezas sociales": muertos con carteles explicativos, consumidores, recicladores, ladrones comunes con mensajes que anuncian quién fue responsable. En redes sociales, cuando aparece un presunto ladrón pidiendo perdón público, las celebraciones superan los rechazos. Esta aceptación social de la violencia, advierten defensores de derechos humanos, es parte del problema: convierte la fuerza en herramienta aceptable de orden. La Oficina en Colombia del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos denunció estas prácticas como violencia física, trabajo forzado y exhibición pública, advirtiendo que pueden constituir tratos crueles según estándares internacionales.

Las ACSN operan con un componente urbano estructurado: líderes de zona, financieros, cobradores y sicarios, cada uno con un rol definido. El reclutamiento de jóvenes en barrios periféricos como 11 de noviembre y Timayui ha aumentado, atraído por pagos y una "logística" que consolida la operación. El control se basa en redes territoriales y vigilancia comunitaria de facto, incluso articulada con mototaxistas que funcionan como sistema de información sobre quién entra y sale de los barrios.

La respuesta oficial intenta recuperar el terreno. La Policía reporta 223 capturas por extorsión entre 2025 y 2026 vinculadas a miembros de ACSN y AGC. También asegura haber reducido homicidios en 16,2%, registrando 166 hechos comparado con 198 del 2024. El alcalde Carlos Pinedo Cuello endurecció el discurso, prometiendo persecución contra extorsionistas con la advertencia de que "Estos extorsionistas tendrán dos caminos, la cárcel o el cementerio". Pero en paralelo, el Gobierno negocia: recientemente protocolizó en Bogotá un "Acuerdo (II) Especial para el Desescalamiento de las Violencias" con las ACSN, con compromisos sobre no interferir en elecciones, no atacar la Fuerza Pública, no reclutar menores y abstenerse de extorsionar en municipios como Santa Marta. En la ciudad, la expectativa está dividida. Hay comerciantes que admiten sentirse "tranquilos" pagando porque el grupo "resuelve" lo que el Estado no resuelve. Y está el otro lado: el que paga porque simplemente no tiene opción. El pulso real se juega en la calle, en quién impone la norma y quién cobra por dejar trabajar.