Cuando Abelardo de la Espriella asume la presidencia, lo hace sobre un sector salud que sangra. Un sistema que antes era referencia internacional ahora está postrado, luego de cuatro años en los que todo se desplomó: usuarios sin citas, hospitales sin recursos, clínicas cerrando puertas. La crisis no llegó de sorpresa. En septiembre de 2022, la entonces ministra Carolina Corcho ya lo había advertido, hablando de una "crisis explícita" que la sociedad tendría que vivir para "entender que se requiere el cambio". Eso que pronosticó se hizo realidad casi al pie de la letra, con un efecto dominó que el presidente Gustavo Petro resumió en sus característicos "chu, chu, chu".

La Unión de IPS de Colombia (Unips) acaba de entregar cifras que retratan la magnitud del desastre. En lo que va de 2025 hubo 12.698 cierres temporales de servicios y 2.479 cierres definitivos, aunque también se abrieron 13.050. Pero esos números no cuentan la historia completa. Entre 2021 y 2025, según el observatorio Así Vamos en Salud, han desaparecido 4.104 instituciones prestadoras de salud. Bogotá concentra la mayor cantidad con 580, seguida por Antioquia con 273. Los más golpeados fueron los servicios de mediana complejidad—esos que atienden pediatría, cirugía general, medicina interna—que tuvieron 6.596 cierres temporales y 1.319 definitivos. Lo que más preocupa a los expertos es que medicina general, la puerta de entrada al sistema, fue el servicio que más cerró: 765 cierres temporales y 119 definitivos.

El origen de todo esto apunta a un mismo lugar: la falta de dinero. La Corte Constitucional ha reiterado desde enero de 2025 que la UPC—la plata con la que funcionan las aseguradoras y pagan a hospitales—no alcanza. El ministerio de Salud nunca hizo caso. El ministro Guillermo Jaramillo incluso enfrenta un proceso por desacato. Como la plata no fluye a tiempo ni en cantidad suficiente, las EPS no pueden pagar a las clínicas y hospitales por la atención que dan, entonces estos cierran servicios. Giovanni Jiménez, investigador de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, lo explicó así: se cerró "el flujo de recursos requerido por lo que no recibían dinero al ritmo necesario" y sin ese dinero no pueden sostener operaciones. A eso se suma la "pérdida de confianza entre aseguradores, prestadores de servicios y el Estado". "Al problema del cálculo de la UPC también toca sumarle los manejos burocráticos de las dinámicas de pago", añadió.

Para reconstruir este desastre, Augusto Galán, director de Así Vamos en Salud, dice que el nuevo gobierno debe pensar más allá del plan de choque a 90 días que prometió De la Espriella. Hay que inyectar recursos inmediatamente para que fluya el dinero y se recuperen servicios, pero también se necesita una política nacional de oferta a largo plazo en talento humano, infraestructura y tecnología. Jiménez, por su parte, dice que la palabra clave debe ser "reconstruir": las EPS necesitan manejar recursos consolidados, pagar a las clínicas a tiempo, y así generar confianza para que los hospitales abran servicios nuevamente y mejoren las condiciones del personal médico.

El nuevo equipo de salud ya se comprometió con acatar las órdenes de la Corte Constitucional sobre la UPC. Si lo cumplen, esos recursos adicionales deben usarse con inteligencia. Galán subraya que "hoy hay claridad de que los más afectados son los que están en la punta de la pirámide que son los menos numerosos, pero los más costosos". Ubicar a esos pacientes críticos, entender qué necesitan y garantizar tratamientos continuos será determinante.

Mientras tanto, en la Superintendencia de Salud también hay cambios. Daniel Quintero Calle, superintendente, anunció esta semana que reemplazará a la mayoría de los agentes interventores de las EPS bajo vigilancia especial—SOS, Emssanar, Asmet Salud y Coosalud—porque considera que los resultados no han sido satisfactorios. El próximo 30 de junio habrá un comité para evaluar el desempeño de los nuevos interventores. El caso de Nueva EPS es particularmente grave: con 11,6 millones de afiliados, carece de estados financieros certificados para 2024 y 2025, y registra un déficit de 4,9 billones en reservas técnicas. La Superintendencia ahora podría manejar entre 4 y 5 billones de pesos mensuales de UPC de las EPS intervenidas.