El sector salud en Colombia se prepara para una fase intensiva de intervención y estabilización bajo el nuevo gobierno. Según un análisis de la consultora Capitol, la estrategia se orientaría hacia resolver la crisis coyuntural inmediata del sistema por encima de transformaciones profundas, concentrándose en problemas concretos como falta de medicamentos, deuda acumulada, gobernanza institucional y acceso oportuno a servicios médicos.

El documento de Capitol plantea que la primera línea de acción sería atender con urgencia la crisis de acceso a citas, cirugías y medicamentos, así como la disponibilidad de tecnologías para enfermedades graves. Esta medida tendría impacto directo en la continuidad de la atención y en reducir la presión sobre los hospitales del país.

Para lograrlo, el nuevo gobierno movilizaría recursos por orden de $10 billones dirigidos a pagar obligaciones acumuladas del sistema. Según Miguel Herrera, director de Capitol, esta operación se desplegaría aceleradamente en los primeros 90 días, con un desembolso inicial de $3 billones destinado a proveedores de tecnologías y prestadores. Este flujo de dinero permitiría aliviar tensiones de liquidez en clínicas, hospitales e industria farmacéutica, y reactivaría la operación de las aseguradoras.

En paralelo, el análisis plantea actualizar la Unidad de Pago por Capitación (UPC), mecanismo mediante el cual se financia a las EPS según el número de afiliados. Este ajuste buscaría dar mayor sostenibilidad operativa a las aseguradoras y mejor planeación del gasto en salud sin cambiar el esquema general del sistema. El gobierno también buscaría reforzar controles de eficiencia del gasto, particularmente en compra de tecnologías costosas mediante negociaciones centralizadas para reducir precios.

En materia de instituciones, el análisis coincide en una reconfiguración técnica de entidades clave como el Ministerio de Salud, el Invima (que regula medicamentos) y el Instituto Nacional de Salud, con énfasis en reducir la influencia política. La relación entre el gobierno nacional y las entidades territoriales también se reorientaría hacia un esquema más técnico y basado en resultados.

Un elemento transversal es la seguridad jurídica del sistema. Herrera subraya que esta estrategia no implicaría una reforma estructural, sino una reorganización dentro del marco de la Ley 100 de 1993, manteniendo el modelo de aseguramiento mixto con actores públicos y privados bajo reglas estables.