El pulso por el salario mínimo se juega ahora en números técnicos. El Consejo de Estado le exigió al Gobierno que haga un nuevo decreto antes del viernes, esta vez con los sustentos que la ley ordena, porque considera que el aumento del 23 por ciento decretado en diciembre careció de justificación real. Mientras sindicatos y empresarios se reúnen con el Ministerio de Trabajo, el tribunal trazó cuáles son los tres criterios que todo aumento salarial debe respetar: la inflación que pasó y la proyectada, la productividad de quienes trabajan, y que el sueldo garantice lo que la Constitución llama el mínimo vital, es decir, dinero para lo básico.

La inflación cuenta una historia incómoda. Cuando comenzaron las negociaciones en noviembre, el Banco de la República reportaba 5,2 por ciento de inflación anual. Luego bajó a 5,1 por ciento en diciembre. Parecía controlada. Pero después de que el Gobierno decretó el aumento del 23 por ciento, la inflación repuntó en enero a 5,35 por ciento. Más importante: las expectativas de inflación para 2026 saltaron de 4,6 por ciento antes del decreto a 6,3 por ciento después. En palabras simples, el aumento salarial de casi una cuarta parte disparó las expectativas de que los precios suban más, lo que erosiona el poder de compra que ese aumento prometía.

En productividad, los números son contradictorios. El Departamento Administrativo Nacional de Estadística reportaba a octubre una caída de 0,32 por ciento en productividad por trabajador, lo que técnicamente debería restarle puntos al aumento. Pero hay otros ángulos: la productividad medida por hora trabajada subió 0,57 por ciento, y cuando se calcula la productividad total de todos los factores, incluida la tecnología y las máquinas, el aumento llegó a 0,91 por ciento en los tres primeros trimestres del año pasado. Es un campo pantanoso donde cada actor puede encontrar el dato que le favorece.

El criterio del mínimo vital es donde los números se vuelven concretos. El Dane calcula anualmente cuánto cuesta la canasta básica para vivir. Para 2025, esa línea de pobreza estaba en 484.588 pesos mensuales por persona. Un hogar promedio colombiano tiene tres integrantes, lo que significaba necesitar ingresos de 1 millón 453 mil pesos mensuales para no ser pobre. El salario mínimo de 2025 era 1 millón 423 mil 500 pesos, apenas 98 por ciento de lo necesario. Sumando el subsidio de transporte, la brecha se cerraba con margen. El ejercicio matemático es simple: con un aumento de 5 o 6 por ciento, un hogar promedio con un solo trabajador habría estado cómodo sobre la línea de pobreza.

En teoría, el nuevo decreto debe navegar entre estos tres criterios. Una inflación que repuntó después del aumento anterior, una productividad que no crece pero tampoco cae de forma dramática, y un mínimo vital que ya estaba casi garantizado con incrementos menores. Lo que el Consejo de Estado reclama es precisamente eso: que el Gobierno explique por qué eligió 23 por ciento cuando los números sugieren otras opciones.