El Consejo de Estado frenó el aumento del salario mínimo que el Gobierno había decretado para 2026, pero no lo eliminó completamente. Lo que hizo fue suspender sus efectos mientras se define si fue legal o no, y le ordenó al Ejecutivo emitir un nuevo acto administrativo transitorio que mantenga la operación del país sin dejar un vacío jurídico. En otras palabras, el salario mínimo entró en una fase de transición donde su aplicación quedó en un limbo regulatorio hasta que termine el proceso judicial.

El dilema de fondo tiene que ver con cómo el Gobierno llegó a esa cifra. Según el decreto suspendido, se consideraron variables como inflación, productividad, crecimiento económico y la contribución de los salarios al ingreso nacional. Pero quienes demandaron argumentan que nunca se explicó claramente cómo cada uno de estos factores influyó en decidir un aumento del 23%. El punto más cuestionado es el uso del concepto de "salario vital" basado en estudios de la Organización Internacional del Trabajo, algo que según los demandantes no está contemplado en la Ley 278 de 1996, que es la que define cómo se debe fijar el salario mínimo en Colombia. Esto genera dudas sobre si el Gobierno se extralimitó en sus facultades.

Los números tampoco cierran para muchos. Si la inflación fue de 5,3% y la productividad creció apenas 0,91%, ¿cómo se justifica un aumento del 23%? Esa es la pregunta que está en el centro de la demanda. No se trata solo de una pelea por cifras, sino de si el proceso fue técnicamente coherente.

En la práctica, después de que salió la orden del Consejo de Estado, el Gobierno mantuviera el aumento en el mismo 23% en una nueva fijación transitoria, tras reuniones con empresarios. Esto significa que el salario mínimo sigue siendo de 1.750.905 pesos, pero ahora bajo un nuevo decreto que funciona como puente mientras la Corte decide el fondo del asunto. Es decir, el dinero que llega a tu cuenta como trabajador es el mismo, pero el soporte legal cambió.

Lo que viene es más incertidumbre. El Consejo de Estado aún tiene que resolver si el decreto original fue legal o no. Cuando lo haga, podría confirmar el aumento, modificarlo o anularlo completamente. Mientras eso sucede, trabajadores y empresas operan en un escenario provisional donde cualquier giro judicial podría cambiar las reglas del juego. Para los empleadores, significa que sus cálculos de costos laborales están bajo condición. Para los trabajadores, que su poder adquisitivo podría variar si la Corte rechaza el incremento. Por eso es crucial estar atento a cómo avanza este proceso en los próximos meses.