El salario mínimo volvió a encenderse como tema de debate en el país. La suspensión provisional del decreto que establecía un aumento del 23% para 2026 abrió un periodo de incertidumbre tanto legal como económica que hoy afecta a empresas y trabajadores. El problema no es la ausencia de una norma vigente, sino la transición incierta mientras el Gobierno prepara un nuevo decreto y anuncia su intención de recurrir ante los tribunales.

La reacción del Ejecutivo fue inmediata. El ministro del Interior, Armando Benedetti, fue claro con los trabajadores al señalar que "el 28 de febrero usted va a recibir otra vez su salario mínimo aumentado". Mientras tanto, el ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, insistió en que el decreto sigue siendo obligatorio de cumplir. Dirigiéndose a los empresarios fue enfático: "esta quincena debe pagarse con el ajuste correspondiente, que rige desde el 1.º de enero de 2026". Sanguino argumentó además que "los derechos laborales son progresivos y no admiten retrocesos", subrayando que aplicar la Constitución "no es opcional".

Sin embargo, lo que preocupa a analistas no es el salario que está en vigor hoy, sino el vacío regulatorio que se abre hacia adelante. Lorena Gutiérrez, decana de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de San Buenaventura, explicó que aunque el Consejo de Estado decretó la suspensión, también aplazó sus efectos. Esto significa que "la suspensión no se vuelve operativa de inmediato, sino a partir de la fecha en que el Gobierno expida y publique el decreto transitorio". En otras palabras, por ahora las empresas deben seguir pagando con el aumento fijado en diciembre, mientras se preparan para el cambio que vendrá.

Pero el plazo de ocho días que el tribunal le dio al Gobierno no es un detalle menor. Iván Andrés Muñoz, especialista en asuntos laborales de la firma Crowe Co, fue claro: mientras no se publique el nuevo decreto, el salario fijado en enero sigue siendo el único marco aplicable. Recomendó a las empresas no hacer ajustes anticipados en nómina basados en escenarios hipotéticos, ya que esto podría generar sobrecostos y contingencias fiscales si luego cambian las reglas.

Camilo Cuervo, experto laboralista, coincidió en que actualmente las empresas deben seguir pagando con el salario de enero. Aclaró que los pagos ya realizados en febrero "deben mantenerse" y que los trabajadores no tendrán que devolver dinero, puesto que el fallo no tiene efectos retroactivos. Sin embargo, destacó que un incumplimiento del plazo de ocho días podría traer consecuencias institucionales para los funcionarios responsables.

Jurídicamente, el Gobierno tiene opciones. Saida Quintero Martínez, directora del área laboral de la Universidad del Rosario, recordó que el Ejecutivo puede interponer recursos de reposición y súplica. Si lo hace, estos se tramitan con efecto suspensivo, lo que significa que "de prosperar, los efectos de la suspensión podrían quedar en pausa mientras se resuelven, prolongando la vigencia del decreto original". Esto extendería aún más el periodo de incertidumbre regulatoria.

Lo que viene por delante requiere que el Gobierno convoque nuevamente la Mesa de Concertación Salarial para discutir el ajuste transitorio. Gremios empresariales como Andi y Fenalco han mostrado disposición a conversar, aunque solicitan que se respeten las normas técnicas que inciden en los aumentos salariales. Por ahora, el reto está en resolver rápidamente un asunto que trasciende las cifras: la confianza en el mercado laboral colombiano depende de tener claridad sobre las reglas del juego.