El aumento del salario mínimo para 2026 no es un número cualquiera. Con un incremento del 23,7% que llevará el salario a cerca de dos millones de pesos con auxilio de transporte, se trata del aumento más alto registrado en lo que va del siglo XXI en Colombia. El gobierno ha dejado clara su intención: que los trabajadores formales tengan más dinero en el bolsillo y que eso dispare el consumo interno. Es una motivación comprensible, pero aquí es donde empieza el debate serio.

La pregunta incómoda es si este número tiene sustento técnico. Colombia cuenta desde 1996 con una metodología legal para fijar el salario mínimo que considera la inflación esperada, la productividad y el crecimiento económico. Aplicando esos parámetros, el aumento habría debido estar cerca del 6% (solo inflación más productividad). Incluso siendo generosos e incluyendo todos los criterios posibles de la ley, el resultado máximo habría rondado el 13,6%. Esto significa que el 23,7% aprobado está aproximadamente 10 puntos porcentuales por encima de lo que la metodología técnica sugerería. En otras palabras, el gobierno agregó un componente distributivo adicional que va más allá de las variables económicas tradicionales.

Aquí viene lo delicado. Cuando los salarios suben mucho más rápido que la productividad (lo que cada trabajador realmente produce), las empresas enfrentan costos más altos sin que haya más producción. Eso se ajusta de maneras que no siempre son positivas: precios más altos, menos contrataciones formales o más gente cayendo en la informalidad. Solo 2,4 millones de colombianos ganan exactamente el salario mínimo, pero más de 11 millones reciben ingresos menores. El impacto directo es limitado, pero los efectos indirectos son enormes porque el salario mínimo funciona como referencia para arriendos, servicios, seguros y otros pagos que están indexados.

El Banco de la República ya ajustó su proyección de inflación para 2026 hacia el 6,3%, lo que significaría el sexto año consecutivo por encima de la meta del 3%. Cuando la inflación se queda pegada, el banco central no tiene opción: sube las tasas de interés para frenarla. Tasas más altas hacen más caro el crédito, desaniman la inversión y ponen un freno al consumo. Al mismo tiempo, desde el lado fiscal, el aumento del salario mínimo presiona el gasto público en unos 0,3 puntos del PIB, especialmente en salarios públicos y pensiones indexadas. Todo esto en un contexto donde el déficit fiscal ya es elevado.

Es posible que en el corto plazo haya un impulso en el consumo de quienes reciben el salario mínimo. Pero si la inflación se aceleró y las empresas responden contratando menos gente formalmente, ese efecto podría evaporarse rápido. El ingreso real de las personas, al final, no depende tanto del decreto presidencial sino de cuánto sea capaz de producir la economía. Y eso sí no se decreta.

El verdadero debate que deberían tener los candidatos electorales no es quién promete el aumento más grande del salario mínimo. El reto de fondo es diferente: cómo logrará aumentar la productividad de la economía para que los incrementos salariales sean duraderos sin generar inflación persistente ni destruir empleos. Porque un salario se puede decretar, pero la productividad se construye con inversión, educación de calidad, estabilidad institucional y confianza empresarial. Sin eso, los aumentos salariales por decreto terminan afectando a quienes se busca proteger.