Un video que circula en redes sociales muestra al exalcalde de Barranquilla, Bernardo Hoyos, hablando sin filtro sobre una práctica que sigue siendo un fantasma en la política colombiana: la compra de votos. En las imágenes, Hoyos reconoce sin ambages que en su ciudad "siempre aquí le hemos pagado" y afirma de manera directa: "Y comprando votos del Pacto Histórico (...) A mí no me digan que no compran votos, yo sí que compro". Estas declaraciones, que salieron a la luz dos semanas después de la jornada electoral del 21 de junio, podrían ser apenas la punta de un iceberg de irregularidades que habría favorecido al candidato Iván Cepeda Castro, aunque él finalmente perdió contra Abelardo de la Espriella.

Lo que revela el material audiovisual cobra relevancia cuando se cruza con los testimonios que recibió EL COLOMBIANO de fuentes cercanas a los movimientos electorales en Barranquilla. De acuerdo con esa información, la operación no fue espontánea ni desorganizada: funcionó como una máquina bien engrasada. Los llamados "mochileros" (operadores políticos de terreno) se encargaban de reclutar ciudadanos, movilizarlos y dirigirlos a puntos de votación específicos. Pero la cosa no terminaba ahí. Una vez que la persona votaba, debía caminar hasta comandos políticos ubicados a metros del puesto electoral, donde entregaba su certificado como comprobante de haber cumplido el acuerdo. En este caso, esos comandos eran sedes de campaña de Cepeda. El certificado cerraba el círculo: permitía verificar que el votante había cumplido su parte del trato.

El sistema iba más allá de una simple transacción. Funcionaba como lo que las fuentes llamaron un mecanismo de "control social" que permitía a las estructuras políticas mantener un registro de sus votantes y saber exactamente quién había hecho qué. A cambio de este compromiso adquirido, los ciudadanos recibían beneficios que variaban según la zona. En algunos sectores de Barranquilla ofrecían sopa y pastel; en otros, el incentivo llegaba hasta los 50.000 pesos por persona.

Según la información consultada, este modelo no quedó circunscrito a Barranquilla. Habría sido replicado en otras regiones del país con una estructura más sofisticada que incluía a clanes políticos tradicionales como los Torres y los Pulgar, además del grupo de Armando Benedetti. El entonces candidato Abelardo de la Espriella ya había señalado estos nombres en público. En declaraciones a Semana, De la Espriella fue categórico: "Bendetti es un comprador de votos consuetudinario. A Benedetti no lo llaman por su inteligencia, ni por su agudeza, ni porque sea un gran estratega político. Benedetti es un delincuente de la peor calaña".

De la Espriella también denunció una estrategia de mayor envergadura. Afirmó que los hermanos Torres contaban con 60.000 millones de pesos para compra de votos en la región Caribe y que pretendían replicar lo que, según él, funcionó hace cuatro años. Otros nombres que circulan en conexión con estas prácticas incluyen a senadores como Agmeth Escaf y Pedro Flórez, aunque sin confirmación oficial hasta el momento.

El ahora presidente electo llevó sus acusaciones más allá de las declaraciones mediáticas. Presentó una denuncia formal contra 30 personas presuntamente involucradas, entre las que figuran excandidatos presidenciales, funcionarios y congresistas. Incluso hizo un llamado al gobierno estadounidense para que les revocara visas y los incluya en listas de sanciones internacionales. Durante una transmisión en vivo del 8 de junio, De la Espriella leyó los nombres como si se dirigiera al subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau.

Por ahora, no hay sentencias judiciales que confirmen estas acusaciones ni investigaciones cerradas que establezcan responsabilidades concretas. Pero el video de Hoyos, combinado con los reportes que recibieron las autoridades electorales el día de la votación, reactiva una discusión incómoda: la compra de votos sigue siendo una herramienta que algunos actores políticos están dispuestos a usar para inclinar las elecciones en Colombia.