El Ejército Gaitanista de Colombia respondió directamente al presidente electo Abelardo De La Espriella tras su pronunciamiento del 25 de junio. En un comunicado, la organización armada dice estar «notificada» de las intenciones del nuevo gobierno y asegura estar dispuesta a dialogar sobre un posible sometimiento a la justicia. Pero no sin antes establecer sus reglas de juego.

El grupo reconoce que cualquier transición hacia la legalidad requiere aceptar el Estado de derecho. Sin embargo, cuestiona que el marco legal actual sea insuficiente para una organización de su tamaño, estructura jerárquica y presencia territorial. El EGC critica duramente los procesos judiciales del pasado, tomando como referencia la Ley 975 de 2005, que reguló el sometimiento de las antiguas AUC. Incluso cita una sentencia reciente de la Corte Suprema de Justicia que alertó sobre las demoras excesivas en los procesos de Justicia y Paz, concluyendo que a este ritmo la reparación a las víctimas se alargaría décadas, lo que el grupo considera una «condena perpetua».

Para avanzar hacia un acuerdo, el EGC plantea tres pilares fundamentales. Primero, solicita una ley que garantice seguridad jurídica en plazos razonables e improrrogables, junto con verdad plena y reparación, sin caer en la «burocracia absurda» de modelos anteriores. Segundo, insiste en que su presencia en zonas históricamente abandonadas ha tenido como propósito proteger a las comunidades del avance de otros grupos armados, el narcotráfico y la depredación ambiental, y que estas comunidades deben ser protagonistas centrales en cualquier proceso de cambio territorial.

Como tercera condición, el grupo hace un llamado a que países como Estados Unidos y el Reino Unido, junto con organismos internacionales como la MAPP/OEA y la Conferencia Episcopal, actúen como socios y garantes de una transformación efectiva en los territorios donde operan.

El EGC concluyó expresando estar «listo» para recibir al Comisionado de Paz del nuevo gobierno o a los funcionarios que De La Espriella designe, con miras a un «acogimiento ordenado a la justicia bajo verificación internacional». El comunicado mantiene abierta la puerta a nuevos acercamientos, mientras el país observa cómo el nuevo Ejecutivo enfrenta las limitaciones legales vigentes para negociar con esta estructura armada.