Una escena que mezcla lo espiritual con lo judicial marcó esta semana la prolongada batalla entre la Diócesis de Santa Marta y el sacerdote Hernando Fajid Álvarez Yacub. Mientras fiscales, peritos del CTI, policías y un juez realizaban una inspección técnica en el cementerio San Miguel, el religioso simplemente continuó con lo suyo: instaló un féretro frente al altar y celebró una eucaristía con decenas de feligreses. La misa no se detuvo. La diligencia judicial tampoco. Ambas ocurrieron simultáneamente en el mismo lugar, en una muestra de la tensión extrema que vive este conflicto desde hace meses.

La inspección ordenada por el Juzgado Cuarto Penal Municipal es parte del proceso penal que enfrenta el sacerdote, acusado de administración desleal, falsedad en documento privado y ocultamiento de documento privado. Según la Diócesis, todo comenzó cuando el sacerdote fue relevado de su cargo parroquial y trasladado a otra capilla, pero se negó a entregar el control del cementerio e instaló una estructura administrativa paralela para seguir manejándolo. "El proceso busca restablecer el derecho sobre un bien que pertenece a la diócesis", explicó durante la diligencia el abogado Diego Fernando Duque Zuluaga, representante legal de la Iglesia.

El corazón de la disputa es el dinero. La Diócesis sostiene que durante la administración del sacerdote nunca hubo claridad sobre los ingresos provenientes de ofrendas, inhumaciones y servicios funerarios. Los registros están retenidos y la Iglesia intenta reconstruir la contabilidad para cuantificar las pérdidas. Además, hay reclamos de familias que reportan presuntas exhumaciones no autorizadas y reventa de criptas, situaciones que generan tensión entre dolientes que desconocen el conflicto administrativo.

Pero el sacerdote y su defensa ven todo diferente. Su abogado sostiene que Álvarez Yacub ejerce una administración legítima y que el conflicto responde a una disputa interna con la jerarquía eclesiástica, no a irregularidades penales. Más aún, aseguran que "el padre cuenta con el respaldo de propietarios de bóvedas y feligreses que reconocen su gestión pastoral y administrativa". Durante la inspección judicial, seguidores del sacerdote confrontaron verbalmente a las autoridades. "No vamos a dejar que saquen al padre", gritó un feligrés, evidenciando la lealtad que el religioso ha cultivado entre la comunidad.

Para la Diócesis, la misa celebrada durante la diligencia es un acto de abierta desobediencia a decisiones canónicas y judiciales. El sacerdote fue privado de la facultad para oficiar sacramentos, pero actuó como si tal restricción no existiera. Para sus seguidores, en cambio, fue una demostración de resistencia y compromiso con su misión espiritual.

La inspección del jueves no significó un desalojo inmediato. Su objetivo fue recopilar pruebas técnicas que permitan al juez tomar una decisión en las próximas semanas. El dictamen pericial determinará si procede cancelar el registro administrativo cuestionado y entregar el cementerio a la Diócesis, al menos de forma provisional mientras continúa el juicio penal. Hasta entonces, Santa Marta sigue presenciando cómo un camposanto se debate entre dos autoridades: la eclesiástica y la civil, mientras las familias que enterran a sus seres queridos navegan un conflicto que no es suyo.