Ricardo Roa se sumó esta semana al extenso listado de funcionarios del gobierno Petro envueltos en procesos judiciales. A diferencia de otros integrantes de la administración, el presidente de Ecopetrol tuvo el gesto de presentarse en persona a la audiencia. La diligencia fue rápida: en menos de una hora la Fiscalía leyó la acusación por tráfico de influencias y Roa, con igual brevedad, se declaró inocente. Pero detrás de esa brevedad hay una trama judicial bastante más complicada.

La acusación gira alrededor de un acto de presión supuestamente ejercido sobre Luis Enrique Rojas, quien en ese momento era presidente de Hocol. Según los investigadores, Roa habría interferido para que el proyecto de regasificación Chuchupa-Ballena LNG terminara en manos de una empresa ligada al empresario Juan Guillermo Mancera, con quien Roa mantiene una relación cercana. Y aquí viene lo que la Fiscalía considera el eslabón clave: Mancera habría sido el intermediario en la compra de un apartamento que Roa adquirió significativamente por debajo de su valor real.

El inmueble en cuestión es el apartamento 901 del edificio Entre Parques en Bogotá. Su valor comercial estaba tasado en 2.727 millones de pesos, pero Roa lo compró por apenas 1.800 millones. Eso representa un descuento de cerca de 927 millones de pesos, o un 34% menos de lo que debería haber costado. La operación incluyó que Mancera actuara como garante del pago en cuotas sin intereses, algo que para los investigadores refuerza la idea de que existe un intercambio de favores.

Durante la diligencia, el abogado de Roa intentó que el juez rechazara la imputación. Su argumento fue que la Fiscalía no explicó claramente cómo las acciones atribuidas a su cliente pusieron en riesgo la administración pública. El defensor cuestionó que aunque el tráfico de influencias es un delito donde basta la conducta, eso no significa automáticamente que exista peligro real. "Los hechos que hoy nos delimite la Fiscalía rigen para todo el proceso, por tal razón le solicito su Señoría, que aprovechando las facultades usted pueda llegar a sugerirle a la Fiscalía General, en caso tal, realizar las revalorizaciones; o, en su defecto me parecería lo más correcto, no le imparta legalidad a la audiencia de imputación por existir unos vacíos conceptuales importantes", explicó.

El juez, sin embargo, rechazó esta petición después de un breve receso y decidió seguir adelante. Roa reiteró que no aceptaba los cargos y la audiencia terminó. Ahora la Fiscalía cuenta con treinta días para presentar su escrito de acusación y decidir si lleva el caso a juicio.

Pero este no es el único problema que enfrenta Roa. El 12 de marzo está programada otra audiencia en la cual la Fiscalía le imputará cargos por presuntos sobrecostos en la campaña presidencial de 2022, aquella en la que él fungió como gerente. En esa ocasión deberá responder por violación de topes electorales, un asunto por el cual el Consejo Nacional Electoral ya lo sancionó anteriormente.