El escándalo de corrupción en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres sigue revelando cifras más oscuras. Mientras que la Fiscalía ha hablado públicamente de irregularidades por cerca de 380 mil millones de pesos, una investigación de Caracol Radio mostró que más de un billón de pesos adicionales se vieron comprometidos en el mismo esquema corrupto. Se trata de 25 contratos de obra que Olmedo López ordenó ejecutar a través de la Fiduprevisora entre 2023 y 2024, la mayoría nunca mencionados en una sala judicial o rueda de prensa. La cifra exacta suma un billón 56 mil millones de pesos.

Los contratos en cuestión tenían propósitos que suena casi irónico: obras para proteger ríos, contener inundaciones y construir puentes. Eran recursos de emergencia nacional que debieron ejecutarse con total transparencia, pero aparentemente se movieron bajo el mismo patrón irregular. Estos 25 contratos se suman a otros por carrotanques, ollas comunitarias y maquinaria amarilla que no están incluidos en esa cifra.

El mecanismo era simple pero efectivo. Según la revelación, se invitaban tres proponentes a participar. De esos tres, solo uno cotizaba realmente y ese era el que ganaba, aunque a veces necesitaba dos o tres rondas de correcciones para hacerlo. Olmedo López firmaba la solicitud de contratación, el contrato se perfeccionaba y se giraba de inmediato un anticipo del 20 por ciento. Lo preocupante es que en muchos procesos, los otros dos "competidores" resultaban ser empresas de papel, no verificables. No había tal competencia.

Entre los nombres que reaparecen varias veces están Construdeco Alianza Logística, representada por Sandy Ariza Villareal de Bucaramanga, que ganó contratos en el Chocó y Santander, e Inversiones CCO, de Leidy Johanna Díaz también de Bucaramanga, que apareció como socia mayoritaria en contratos para Oiba, Girón y Cantagallo. Lo más llamativo es que el Consorcio Prosperidad OIBA y el Consorcio Dique Bolívar tienen exactamente las mismas tres empresas con los mismos porcentajes. Son dos nombres distintos para el mismo consorcio, dos contratos diferentes, dos anticipos distintos y un solo beneficiario real.

Hay otro patrón que da más pistas de la irregularidad. En enero de 2023, la UNGRD firmó un contrato con Invías por 114 mil 500 millones de pesos para infraestructura vial en zonas de emergencia, que incluía presupuesto para puentes desmontables. Ocho meses después, en septiembre de 2023, la UNGRD contrató por separado el suministro de puentes Bailey, esos puentes metálicos portátiles de emergencia, por otros 45 mil millones con un contratista privado. El resultado fue pagar dos veces por lo mismo: o Invías cobró por instalar puentes que nunca puso, o el contratista privado cobró por suministrar equipos ya cubiertos. La UNGRD pagó 159 mil 500 millones de pesos por una sola función.

En los contratos aparece repetidamente la firma de Daniela Andrade Valencia, vicepresidenta de Contratación Derivada de la Fiduprevisora. Cada firma suya marcaba el ritmo de la maquinaria: firma, contrato, anticipo, dinero. Andrade fue precedida por Carlos Fernando López Pastrana, quien firmó los primeros contratos del esquema. López Pastrana terminó trabajando con Sandra Ortiz en una consejería de Presidencia. Ortiz es la misma funcionaria que, según el exsubdirector de la UNGRD Sneyder Pinilla, llevó como mensajera tres mil millones de pesos en efectivo al entonces presidente del Senado Iván Name. Cuando el escándalo explotó en julio de 2024, Presidencia confirmó que durante la entrega de esa consejería aparecieron dos computadores incompletos, uno sin disco duro y otro sin memoria RAM.

Lo más cuestionable es lo que pasó después con Andrade. El día exacto que la Procuraduría abrió investigación en su contra, la entonces ministra de Justicia Ángela María Buitrago la nombró notaria 36 de Bogotá, un cargo donde según reportes periodísticos ganaría más de 70 millones de pesos mensuales. El presidente Petro la defendió públicamente y ella continúa en su puesto. Mientras tanto, la cifra de desfalco sigue creciendo y los mecanismos de control parecen más porosos que nunca.