Un reporte de la Revista Semana sacó a la luz una realidad inquietante en los procesos de verdad de la justicia transicional: militares que han decidido confesar su responsabilidad en crímenes de guerra están siendo objeto de presiones, sobornos y amenazas para que cambien su versión de los hechos y protejan a los altos mandos. Lo que emergen del reportaje son indicios de una coordinada "operación mordaza" destinada a frenar que salga a la luz la verdad sobre los falsos positivos, esos asesinatos en los que civiles fueron ejecutados y presentados como bajas en combate.

Los casos documentados son preocupantes y muestran un patrón deliberado. Un exsoldado que participó en al menos 20 homicidios en la región Caribe cuenta que después de comparecer ante la JEP recibió una oferta de dinero cercana a los 20 millones de pesos para guardar silencio y asumir solo responsabilidad individual, sin mencionar a sus comandantes. Según su relato, el dinero vino de un coronel retirado a quien había mencionado en su declaración. Pero no solo fue el dinero: también recibió mensajes intimidantes pidiéndole que dejara de "hablando" y que no mencionara a sus superiores.

Lo grave es que esto no parece ser casos aislados. Otros militares, protegidos en sus identidades por seguridad, han denunciado presiones parecidas. Algunos incluso han sido amenazados con perder sus derechos pensionales si siguen colaborando con la justicia. Un testigo relató que un superior le advirtió que podría perder su pensión si persistía en sus declaraciones ante la JEP. Detrás de estas presiones estaría una red de influencias dentro de las Fuerzas Militares, tejida por oficiales activos y retirados que protegen a sus colegas.

Las tácticas van más allá del dinero directo. Hay ofertas para financiar negocios y emprendimientos a cambio de silencio, con montos que oscilan entre 5 y 20 millones de pesos. Uno de los casos recogidos por Semana muestra a un exuniformado que aceptó apoyo económico de un antiguo comandante con la promesa de no involucrarlo en sus declaraciones, diciendo en una conversación: "Al viejo no le conviene que uno hable". No todos han caído: un sargento que ya cumplió condena por ejecuciones extrajudiciales cuenta que le ofrecieron dinero para retirarse del proceso ante la JEP, pero rechazó la oferta y decidió seguir colaborando con la justicia.

Pero el miedo no es solo económico. Los testimonios revelan un contexto de amenazas y hostigamientos que ha generado un clima de terror entre quienes comparecen ante la JEP. La abogada Tania Parra, que representa a varios militares en estos procesos, advierte que la verdad sobre los falsos positivos está en riesgo. "Hay un temor generalizado para hablar", afirma, y describe lo que considera una estrategia deliberada para imponer silencio. Sus defendidos han sufrido intimidaciones, atentados e incluso presiones judiciales.

El caso del mayor retirado Daladier Rivera ilustra la gravedad de la situación. Reconoció participación en 63 ejecuciones extrajudiciales y ha proporcionado información crucial sobre conexiones entre militares y paramilitares. A cambio de su valentía, ha recibido amenazas constantes. En julio de 2025 sobrevivió a un atentado armado donde murió un familiar. Meses después, seguía recibiendo mensajes que le advertían que no dejarían de perseguirlo. A pesar de todo, ha mantenido su compromiso de declarar.

El macrocaso 03 que investiga la JEP deja ver la magnitud del fenómeno: más de 4.600 víctimas acreditadas de asesinatos y desapariciones forzadas presentadas como bajas en combate. Los cuestionamientos sobre si la JEP tiene capacidad real para proteger a testigos y comparecientes crecen, especialmente cuando militares aseguran que las medidas de seguridad son insuficientes frente a los riesgos concretos que enfrentan. Lo que reveló Semana muestra los abismos que aún enfrenta la justicia transicional para garantizar que quienes decidan contar la verdad puedan hacerlo sin temor.