Una voz colectiva se alzó en Colombia para denunciar lo que describen como un sistema articulado para acallar a las mujeres que han señalado a Hollman Morris, el actual director de RTVC, por acoso sexual. Más de cuarenta mujeres —entre ellas figuras reconocidas del periodismo y los derechos humanos como María Jimena Duzán, Jineth Bedoya Lima y Catalina Ruiz-Navarro— firmaron un comunicado que expone lo que consideran una estrategia de intimidación y castigo judicial dirigida contra quienes se atreven a hablar.

El caso de Lina Castillo se convirtió en el símbolo de esta denuncia. La militante de Colombia Humana denunció públicamente en 2019 que Morris le había hecho comentarios sexuales y contactos físicos no consentidos mientras ambos trabajaban en el entorno del Concejo de Bogotá. Pero lo que sucedió después es precisamente lo que las firmantes cuestionan: en lugar de ser investigado, Morris demandó a Castillo por injuria y calumnia. El proceso continúa en curso, y según el comunicado, ha terminado por revictimizar a quien tuvo el valor de denunciar. Las mujeres critican duramente que la Fiscalía General de la Nación haya avanzado en el proceso contra la denunciante, ignorando estándares constitucionales que reconocen la importancia de la denuncia pública en casos de violencia de género.

El comunicado detalla otros comportamientos que consideran intimidación dentro del proceso judicial. Según las firmantes, Morris ha asistido a audiencias con personal de RTVC e incluso con equipos de grabación del sistema público, lo que interpretan como una forma de presión. También señalan que en audiencias virtuales ha utilizado el logo institucional de RTVC, lo que ven como un uso indebido del poder mediático en un asunto personal. La representante Jennifer Pedraza fue una de las voces políticas que cuestionó cómo se estaban utilizando recursos públicos en medio de este proceso.

El caso de Castillo incluye denuncias de intimidación aún más graves. De acuerdo con su relato, tras hacer públicas sus acusaciones recibió amenazas, incluyendo un episodio en el que fue retenida por hombres armados que le advirtieron que debía guardar silencio. Eventualmente se apartó del proceso y rectificó su denuncia, pero su historia quedó marcada en el debate público colombiano.

Lo que subyace en toda esta denuncia es una realidad que las firmantes consideran estructural: el miedo que sienten muchas mujeres a denunciar. "El silencio no puede ser la respuesta", expresan en el comunicado, insistiendo en la necesidad de transformar las condiciones que dificultan la denuncia de violencias basadas en género, especialmente en espacios donde existe poder. Las mujeres hacen un llamado a las autoridades para garantizar procesos con enfoque de género y respeto por los derechos de las víctimas, cuestionando que, en lugar de investigar a los presuntos agresores, el sistema termine persiguiendo a quienes denuncian.

Hollman Morris ha negado todas las acusaciones en su contra, sosteniendo que las denuncias son falsas, argumento que mantiene como parte de su defensa en el proceso judicial. El caso continúa abierto y ha transcendido el ámbito de un conflicto personal para convertirse en un debate más amplio sobre el uso del poder, la libertad de expresión y las garantías reales que tienen las mujeres para denunciar acoso en Colombia.