Durante una alocución presidencial el pasado 27 de abril, el presidente Gustavo Petro sorprendió con un anuncio que impactará directamente el sistema de salud colombiano: iniciar el retiro de licencias a las EPS que no cumplan con los indicadores requeridos. "Di la orden de empezar a usar el mecanismo de quitar la licencia de salud a la EPS más malas", expresó el mandatario, señalando que la medida comenzaría con una entidad específica: Coosalud. Petro enmarcó la decisión como respuesta a lo que denominó un "sabotaje" de las aseguradoras frente a la reforma a la salud.

Pero esta medida, aunque tiene bases legales, no es un proceso que ocurra de la noche a la mañana. Conrado Gómez, exsuperintendente de Salud, explicó que se trata de un procedimiento administrativo con varias etapas. Según Gómez, todo comienza cuando "el proceso inicia con una visita o un informe de auditoría que recomiende la medida". Después de eso, la EPS puede presentar explicaciones y pruebas en su defensa. La autoridad competente evalúa entonces la información y emite una decisión preliminar. Luego se dan días para que la entidad presente recursos y alegatos adicionales. "Después de unos 10 días se toma una decisión final", añade Gómez. En total, el proceso puede tardar algunas semanas.

En muchos casos, la primera parte del camino ya está recorrida. Varias EPS llevan años bajo medidas cautelares, como vigilancias especiales o intervenciones, con planes de mejoramiento que no han cumplido. "Con el solo hecho de verificar que no los han cumplido, estaría lista la primera parte del proceso", señala el exfuncionario. Desde el punto de vista formal, Gómez aseguró que el Gobierno sí cuenta con los tiempos para adelantar estos procesos.

Sin embargo, hay un pero importante. Las decisiones podrían enfrentar obstáculos legales significativos. La Sentencia SU-277 de 2025 de la Corte Constitucional ordenó devolver la EPS Sanitas a su propietario original, el grupo Keralty, cuestionando las condiciones financieras bajo las cuales se evaluaba su desempeño. Además, Savia Salud fue devuelta por orden del Tribunal Administrativo de Antioquia. "La Corte estableció que no se puede juzgar el incumplimiento financiero de las EPS sin antes actualizar la Unidad de Pago por Capitación (UPC) y asignar recursos suficientes para servicios no incluidos en el plan de beneficios", explica Gómez. En otras palabras, puede haber un alargue legal considerable.

Las dificultades no terminan ahí. Existen obstáculos operativos importantes, como el traslado de millones de afiliados desde las EPS que pierdan licencia hacia otras entidades en mejor situación. "Es difícil", reconoce Gómez, quien también menciona que hay procesos judiciales activos que podrían dilatar la ejecución de las decisiones.

Otra incógnita rodea lo que el presidente Petro afirmó sobre las deudas de las EPS. El mandatario aseguró que los dueños de las entidades a las que se les retire la licencia "pasarán a pagar sus deudas a la red pública". No obstante, el mecanismo concreto para hacerlo no está claro. "Me imagino que cuando se dice que los privados paguen por las deudas es mediante procesos fiscales o judiciales, pero eso habría que aclararlo, por ahora no se sabe con certeza", explica Gómez. Además, cuestiona la viabilidad económica de exigir capitalizaciones a entidades que perderían su licencia y, por tanto, su capacidad de operar.

El anuncio presidencial abre así un nuevo debate sobre el futuro del sistema de salud en Colombia. Aunque el retiro de licencias es una herramienta que el Estado puede usar, su aplicación implica un proceso técnico, jurídico y operativo mucho más complejo que una orden inmediata.