El Gobierno anunció que restringirá las exportaciones de carne de res para asegurar que haya suficiente alimento en el mercado interno y frenar la inflación, decisión que tomó en respuesta a las inundaciones que han azotado a Córdoba. Pero un análisis del Centro de Investigación Económica y Financiera (Anif) levanta una pregunta incómoda: ¿realmente funcionará?

Los números cuentan una historia diferente a la que el Gobierno espera contar. Durante 2025 se sacrificaron 3,2 millones de cabezas de ganado bovino en todo el país, pero solo 90 mil de ellas, es decir el 2,8%, se destinaron a exportación. El restante 97,2% ya estaba destinado al mercado colombiano. Entonces, aunque suene contradictorio, el país ya estaba priorizando el abastecimiento interno de manera masiva.

Aquí viene lo más importante para su bolsillo: en enero de 2026, la carne de res subió 11,7% comparada con el mismo mes del año anterior. Esa es una cifra que golpea el presupuesto de cualquier familia. Sin embargo, cuando las inundaciones comenzaron a mediados de febrero, el precio de la carne se mantuvo prácticamente igual a finales de enero. Esto sugiere que el problema de los precios altos no viene principalmente de falta de oferta en el mercado local, sino de otros factores como costos de producción, transporte y ganancias de intermediarios.

El quid del asunto está en la geografía. Córdoba, el departamento más afectado por las lluvias, concentra el 63,3% de todas las exportaciones de carne en kilogramos, pero apenas aporta el 9,3% del ganado que se sacrifica en el país. Antioquia es el mayor productor con el 15,6% y Meta con el 10,8%. Esto significa que el abastecimiento interno depende mucho más de otras regiones que de Córdoba. Por eso las inundaciones en ese departamento no generaron desabastecimiento inmediato: el resto del país sigue produciendo.

Para los ganaderos cordobeses, sin embargo, la restricción exportadora es dramática. Las exportaciones de carne crecieron 38,6% durante 2025 gracias a que China abrió su mercado a la carne colombiana, algo que los productores tardaron años en conseguir. Si el Gobierno ahora cierra esa puerta, aunque sea temporalmente, podría erosionar la confianza de socios comerciales internacionales. Recuperar ese acceso después será mucho más difícil, y los ganaderos de una región ya golpeada por las inundaciones verían reducidos sus ingresos justo cuando más los necesitan.

Anif lo dice con claridad: "recaería sobre el mismo territorio afectado por las inundaciones". La medida podría lograr muy poco en términos de bajar precios para el consumidor colombiano, pero tendría consecuencias concretas para productores y regiones que dependen de exportar. A más largo plazo, una menor rentabilidad desincentivaría futuras inversiones en ganadería y afectaría la competitividad del sector en los mercados internacionales. No es solo un problema de estos meses, sino de años.