En momentos de turbulencia política para su Gobierno, el primer ministro británico Keir Starmer vio cómo el rey Carlos III presentaba este miércoles el ambicioso programa legislativo para el próximo año del Reino Unido. El discurso real, pronunciado por el monarca pero redactado por ministros, llega en un contexto delicado: tras los malos resultados de las elecciones locales de la semana anterior, casi una cuarta parte de los parlamentarios laboristas ha pedido públicamente la dimisión de Starmer. El líder ha prometido que su Gobierno será "mejor" y más audaz para recuperar la confianza de votantes descontentos.

Uno de los anuncios más relevantes para la economía británica es la introducción de una Ley de Asociación Europea, que busca fortalecer los lazos comerciales e inversores del Reino Unido con la Unión Europea, su principal socio comercial. Esta legislación otorgará nuevas facultades al Gobierno para implementar acuerdos existentes y futuros con el bloque, incluyendo los recientemente alcanzados en materia de electricidad, comercio de derechos de emisión y sector de alimentos y bebidas. Es una prioridad clara de Starmer mejorar las relaciones económicas con Europa tras el Brexit.

En materia regulatoria, el Ejecutivo británico impulsa una Ley de Regulación para el Crecimiento que obligará a los reguladores en áreas como medio ambiente, salud y seguridad a priorizar el crecimiento económico e inversión. El Gobierno argumenta que la normativa actual en Reino Unido es "frecuentemente compleja, reacia al riesgo y lenta en su adaptación", por lo que sectores como inteligencia artificial, defensa y servicios médicos podrán realizar pruebas controladas antes de lanzar productos.

En seguridad, el Gobierno presentó una Ley contra Amenazas Estatales que facilitará designar y sancionar a grupos que actúen en nombre de Estados extranjeros hostiles, permitiendo a la Policía investigar y procesar actos de sabotaje y espionaje bajo la Ley de Seguridad Nacional. Además, una reforma para la revocación de títulos nobiliarios permitirá retirar títulos de "Lord" a políticos caídos en desgracia de la Cámara Alta, medida que surge tras el caso de Peter Mandelson, quien renunció al Parlamento pero aún podía usar su título.

En migración, el Gobierno propone normas de asilo más estrictas, reemplazando el sistema de apelaciones de dos instancias por uno único que daría a solicitantes una sola oportunidad para impugnar rechazos. También introducirá restricciones sobre cómo los jueces pueden interpretar ciertos artículos del Convenio Europeo de Derechos Humanos.

Para la transición energética, se anuncian varias leyes destinadas a mejorar la seguridad energética del Reino Unido, incluyendo la expansión de energía nuclear y la ruptura del vínculo entre precios de electricidad y volatilidad del gas. Una Ley de Independencia Energética facilitará la transición a energía limpia simplificando regulaciones sobre energía eólica marina, hidrógeno y tecnologías de redes inteligentes.

Como cambio democrático significativo, el Gobierno implementará una política para reducir la edad de voto a 16 años en todas las elecciones británicas, medida que afirma está diseñada para impulsar la participación y confianza en el sistema electoral. Notablemente, no se presentó legislación sobre reforma del sistema de bienestar social, cuyo costo supera los 300.000 millones de libras anuales, tras el abandono de intentos previos de reducción de gastos en asistencia social en julio por rebelión de legisladores de Starmer.