El superintendente de Salud, Daniel Quintero, lanzó una propuesta para resolver un problema que afecta a muchos colombianos: cuando una EPS no entrega a tiempo los medicamentos que los pacientes necesitan, el sistema de salud giraría dinero directamente a las familias para que compren los medicamentos por su cuenta. La iniciativa surgió tras conocer el caso de una niña de doce años que no recibió oportunamente su tratamiento inmunosupresor, un medicamento crucial para evitar que su cuerpo rechazara un órgano trasplantado. Quintero relató que intervino personalmente y giró 900 mil pesos de su propio salario a la madre para que comprara el medicamento de inmediato.

Según el superintendente, estos giros funcionarían como un mecanismo de emergencia mientras se investiga a las EPS responsables de los retrasos. "Proponemos giros directos a las familias cuando no reciban medicamentos. Estos recursos se descontarían a las EPS desde la UPC", explicó Quintero, refiriéndose a la Unidad de Pago por Capitación, que es el dinero que el sistema asigna a cada EPS por paciente.

No obstante, expertos en salud advirtieron que la propuesta presenta problemas serios. Conrado Gómez, exsuperintendente de Salud, recordó que ya existen mecanismos de reembolso cuando las EPS fallan, pero funcionan de manera distinta: el paciente primero compra el medicamento, prueba que pagó y luego el sistema le devuelve el dinero. Sin embargo, esos reembolsos son lentos y limitados. El verdadero nudo del problema es que los montos que se pueden girar están amarrados a la UPC por ley, lo que significa que serían cantidades muy pequeñas comparadas con los costos reales de los medicamentos. "Eso sería antieconómico", aseguró Gómez, porque las EPS compran medicamentos en grandes cantidades y obtienen descuentos que un paciente individual nunca tendría en una farmacia.

Denis Silva, vocero de Pacientes Colombia, fue más crítico aún. Calificó la propuesta de "populismo" e inviable. Para ilustrar el problema, cuestionó: "Un paciente con quimioterapia, que puede costar entre dos y cinco millones de pesos, nunca va a recibir ese valor. Recibiría, en el mejor de los casos, 50.000 o 100.000 pesos. ¿Qué resuelve con eso?". Silva también advirtió que modificar los montos por decreto sería imposible porque la UPC ya está definida para 2026, y cambiarla requeriría procesos legales complejos.

Además de los límites financieros, los expertos identificaron riesgos adicionales. Un sistema así podría generar especulación en precios de medicamentos, aumentar el riesgo de corrupción y, en casos de tratamientos que requieren supervisión médica estricta como el VIH, permitir que algunos pacientes abandonen sus medicinas o vendan los fármacos en lugar de usarlos.

Para Silva y otros críticos, la verdadera solución no es trasladar recursos a los pacientes, sino que el Gobierno financie adecuadamente el sistema y la Superintendencia haga cumplir sus funciones de inspección y vigilancia sobre las EPS. "Las EPS deben cumplir su mandato y el Gobierno debe financiar adecuadamente el sistema", insistió Silva.