En Briceño la inseguridad sigue cobrando nuevas víctimas. El rector de la Institución Educativa Antonio Roldán Betancurt tuvo que salir corriendo del municipio después de recibir amenazas a través de WhatsApp. Es otro golpe más para una región que ya está de por sí golpeada por la violencia de grupos armados que se disputan el control territorial.

Todo comenzó el 6 de mayo cuando el directivo docente recibió un mensaje intimidante. En el texto le exigían que se fuera del municipio. Dos días después, sin esperar más, el rector tomó la decisión de abandonar Briceño el 8 de mayo y recurrir al comité de amenazados de la Secretaría de Educación de la Gobernación de Antioquia. La administración departamental activó inmediatamente los protocolos de protección que corresponden en estos casos.

Las autoridades ya están en la búsqueda de quiénes están detrás de estas amenazas. El caso fue puesto en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación y otros organismos competentes que avanzan en las investigaciones para determinar el origen exacto de la intimidación. Aunque hasta ahora no hay un pronunciamiento oficial que responsabilice a un grupo armado específico, el contexto es claro: en esta zona del Norte de Antioquia actúan el Clan del Golfo y las disidencias del frente 36, grupos que mantienen una disputa constante por mantener sus corredores estratégicos.

Lo más preocupante es que este desplazamiento ocurre en un momento especialmente crítico para Briceño. Hace pocos días conmovió a la región el asesinato del periodista Mateo Pérez, quien había desaparecido mientras realizaba su trabajo en la zona. Aunque se investigan por separado, ambos hechos reflejan una misma realidad: el terror que viven los habitantes, los maestros y los comunicadores que intentan trabajar en territorio controlado por estructuras criminales.

Las autoridades están evaluando el nivel de riesgo del docente para definir medidas de protección adicionales. Mientras tanto, la comunidad educativa sigue bajo presión, preocupada por cómo estos hechos afectan el funcionamiento normal de las instituciones y las actividades académicas. Líderes sociales, docentes y ciudadanos del Norte antioqueño vuelven a insistir en la urgencia de mayores garantías de seguridad en territorios donde el conflicto armado no da respiro.