Un estudio realizado por Censat Agua Viva, junto con Oxfam Colombia y la Fundación Heinrich Böll, reveló que los proyectos REDD+ (Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación forestal) están generando conflictos sociales graves en varios territorios del país. Aunque estas iniciativas internacionales, impulsadas por la ONU, fueron creadas para luchar contra el cambio climático protegiendo los bosques, la investigación muestra que su aplicación en Colombia está vulnerando derechos de comunidades indígenas, afrocolombianas y campesinas.

La investigación documentó affectaciones en el acceso a la tierra, la alimentación, las prácticas culturales y la autonomía de las comunidades. Linda González, coordinadora del Área de Selvas y Biodiversidad de Censat Agua Viva, afirmó que "Lo que estamos viendo no son casos aislados, sino patrones de conflictos socioambientales que evidencian afectaciones estructurales en comunidades indígenas, afrocolombianas y campesinas". El estudio también advierte sobre vacíos en la aplicación de protecciones sociales y ambientales que deberían acompañar estos proyectos.

Un hallazgo importante es que los acuerdos de conservación imponen restricciones sobre cómo las comunidades pueden usar sus territorios y bosques, generando incomprensión y tensión. Integrantes de la Asociación de Cabildos Indígenas Inga del Municipio de Villagarzón en Putumayo expresaron que aunque históricamente han cuidado sus territorios, ahora enfrentan imposiciones externas. "Nos hablan de conservar, pero nosotros siempre hemos cuidado el territorio. Lo que cambia es que ahora nos dicen qué podemos hacer y qué no, sin que eso haya sido realmente decidido por todos", indicaron.

En territorios campesinos como el Bosque Galilea en Tolima, el estudio identificó especulación inmobiliaria, aumento de precios de tierra y llegada de actores externos. Habitantes vinculados a la Red de Vigías del Bosque de Galilea señalaron que "Nosotros llevamos décadas viviendo aquí, pero ahora el territorio se volvió atractivo para otros. La tierra se encareció y empezaron a llegar actores externos, mientras a nosotros nos cuesta cada vez más permanecer". Además, el proyecto ha causado divisiones internas que antes no existían en las comunidades.

Jenny Gallego de Oxfam Colombia advirtió que estas iniciativas no pueden verse como neutrales: "Las soluciones climáticas no pueden seguir pensándose como intervenciones técnicas neutrales. Tienen impactos reales sobre los territorios y sobre la vida de las comunidades, y eso debe ser reconocido". La investigación, que estudió cuatro territorios diferentes entre Nariño, Putumayo y Tolima, concluye que existe una deuda del Estado en regulación, control y protección de derechos comunitarios.

El estudio propone que el Estado asuma un rol más activo en la defensa de las comunidades y plantea la necesidad de mecanismos de reparación por los daños ya causados. A pesar de los conflictos, el informe reconoce las respuestas organizativas de las comunidades que han impulsado defensa territorial y estrategias para comprender estos proyectos. La conclusión central es que la transición climática no puede avanzar a costa de los derechos de quienes históricamente han protegido los bosques.