Después de más de ocho años sin avances concretos, dos de las principales entidades de control del país encendieron la alarma sobre lo que sucede en el Páramo de Santurbán. La Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo documentaron que los retrasos acumulados en el proceso de delimitar este ecosistema estratégico habrían favorecido un incremento significativo de la minería ilegal en la región.

En su Vigésimo Quinto Informe de Seguimiento, ambas entidades ratifican que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible ha incumplido de manera estructural y continuada las obligaciones que le ordenó la Corte Constitucional. Según el documento, la ausencia de una delimitación definitiva junto con la creación de una Zona de Reserva Temporal sobre 75 mil hectáreas fuera del páramo ha dificultado que las instituciones actúen contra actividades ilegales. "Ha impedido un control efectivo institucional a fenómenos como la minería ilegal presentes en el territorio y que constituyen graves afectaciones al ecosistema natural", señala el informe.

Las consecuencias van más allá de lo ambiental. La prolongada incertidumbre ha generado inseguridad jurídica, social y económica para las comunidades rurales y autoridades territoriales de municipios como Suratá, Matanza, California, Vetas, Charta, Tona y Bucaramanga. Todo esto mientras el ministerio ha incumplido sus propios cronogramas: durante el primer cuatrimestre de 2026 no realizó ninguna de las 15 mesas de concertación que había programado.

Frente a este panorama, la Procuraduría y la Defensoría anunciaron que remitieron toda la documentación a la Fiscalía General de la Nación para que investigue las actividades de minería ilegal y determine las responsabilidades correspondientes. El informe advierte que de mantenerse estos incumplimientos podrían derivarse consecuencias disciplinarias y judicales para los responsables.

Un problema adicional documentado es la falta de transparencia. El micrositio oficial que debería informar sobre el proceso de delimitación no ha sido actualizado integralmente desde 2025. De los 24 informes conjuntos elaborados por el Ministerio Público, apenas seis han sido publicados por la cartera ambiental. Las entidades también cuestionan que el ministerio no divulgó un auto del Tribunal Administrativo de Santander emitido en enero de 2026, considerado relevante para el proceso.

Respecto a la Zona de Reserva Temporal de 75 mil hectáreas declarada hace un año, la Procuraduría y la Defensoría aseguran que el Ministerio de Ambiente no ha entregado la información técnica y jurídica que sustente esta decisión, a pesar de haber sido solicitada en múltiples ocasiones desde 2025. Esta falta de acceso a los estudios impide esclarecer por qué se bloquearon esas hectáreas fuera del ecosistema, una medida que ha generado controversia entre habitantes y sectores productivos de la región.